En tiempos de hospitales cerrados y de médicos en la calle, que la Justicia haya archivado una causa por presuntas irregularidades en su contra supone al menos un alivio para el ministro de Salud, Pablo Yedlin.
Ayer se conoció que la fiscala penal María de las Mercedes Carrizo decidió la clausura del expediente en el que se investigaba la supuesta contratación irregular de la Fundación Salud (Funsal), para que dicte cursos odontológicos por $ 800.000 en 2009. En rigor, la funcionaria ingresó su resolución por Mesa de Entradas de Tribunales el 8 de abril, hace poco más de dos meses.
En los fundamentos de la disposición, la fiscala consideró que el ministro Yedlin y los funcionarios del Siprosa Alberto Sabaj y Daniel Alvarez Garmendia ya fueron sancionados administrativamente por el Tribunal de Cuentas (TC) en 2010 y que no pueden ser investigados dos veces por el mismo hecho. "El principio non bis in idem o ne bis in idem en su vertiente material impide que por un mismo contenido de injusto puedan imponerse dos penas criminales (...) nadie puede ser perseguido o castigado penalmente por los tribunales del mismo Estado en razón de una infracción por la que hubiese sido absuelto o condenado por sentencia firme conforme a la ley y al procedimiento penal de ese estado", justificó la fiscala.
La resolución a la que tuvo acceso LA GACETA, además, remarca que a lo largo de varios meses de trabajo la fiscala no halló elementos probatorios suficientes para continuar con la investigación penal. Más aún, concluyó que no se produjo daño al erario público. "De la investigación penal llevada a cabo no se han colectado elementos de juicio que ameriten continuar con la instancia de la presente causa, más aún teniendo en cuenta que no se advierte por parte de los denunciados conductas ilícitas, que en forma directa o indirecta hayan afectado patrimonialmente bienes del estado provincial", aseguró. Y luego se explayó: "una acción disvaliosa tiene que derivarse en un perjuicio concreto, siendo que no resulta suficiente que sólo concurra la voluntad del ocasionario, por lo cual no puede castigarse una mera desobediencia, la cual no afectó intereses del Estado o de terceros".

Sustento
El Tribunal de Cuentas, en mayo del año pasado, condenó a Yedlin, a Sabaj y a Álvarez Garmendia al pago de una multa equivalente a cinco sueldos, por las "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales" cometidas en la contratación de la Fundación Salud. Con el sustento de esa acordada administrativa, la fiscala dio por cerrado el caso en los tribunales.
"No se produjo daño del erario público, siendo que los propios denunciados elevaron el pedido de aprobación de los cursos dictados por el doctor (Héctor) Silva Olivares, por lo que no se advierte intención alguna en sus conductas de causar un perjuicio concreto en contra de bienes del estado, siendo sancionados los responsables por la vía administrativa", aseveró Carrizo.
"No se observa la comisión de nuevos hechos ilícitos", concluyó la fiscala al disponer el cierre de la causa Funsal.