MADRID.- Los indignados españoles, que reclaman un profundo cambio en el modelo político, económico y social, marcaron ayer la jornada de reflexión en el día previo a los comicios para elegir autoridades municipales y parlamentarios en 13 regiones autonómas, además de Ceuta y de Melilla.

Decenas de miles de personas volvieron a concentrarse pacíficamente en más de 160 ciudades de España, con la madrileña Puerta del Sol como epicentro (tan abarrotada ayer que no cabía más gente). A ellas se sumaron muestras de solidaridad en Europa y en América, en especial de ciudadanos españoles fuera de su país.

Las reuniones habían sido prohibidas por la Junta Electoral Central (JEC), pero el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió tolerarlas mientras no se produzcan incidentes ni desmanes.

Como señal de respeto a las distintas posiciones, los manifestantes retiraron de sus campamentos las pancartas críticas con los partidos y dirigentes, que aseguran que no los representan, y no corearon consignas que pudieran interpretarse como políticas. Todo se desarrolló en un ambiente festivo, con funciones de música y teatro, talleres artísticos y mesas de discusión y debate.

Hoy, en el octavo día de acampe y pese a ser jornada de votación, los movilizados madrileños decidirán en la asamblea si continúan en las plazas, tal cual es la voluntad expresa de los organizadores y convocantes iniciales. Ocurre que sus reclamos van mucho más allá de un momento proselitista, ya que apuntan a lo que llaman "democracia real ya", con inclusión laboral, respeto ideológico, lucha contra la corrupción política y un cambio en el sistema electoral para la llegada de los partidos pequeños a los parlamentos (ver "Elecciones..." y "Principales...").

Impacto en las urnas
El "movimiento de los indignados", como se autodenominó, también sabrá hoy el impacto en las urnas de sus reclamos y protestas.

Las elecciones autonómicas y municipales podrían suponer un duro revés para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el poder, al que los electores culpan por la persistente tasa de desempleo (más de 5 millones de desocupados, y el 45% de los jóvenes sin trabajo) y una economía en apuros.

Sobre estos dos argumentos cabalgó el opositor Partido Popular (PP), que pasaría al frente en la mayoría de gobiernos regionales y muchas alcaldías, incluso en bastiones tradicionales de la izquierda. El líder, Mariano Rajoy, presentó estos comicios como un plebiscito contra Rodríguez Zapatero, y en caso de una contundente victoria pedirá su dimisión y elecciones generales anticipadas para este año, en vez de marzo de 2012.

Pero también el propio PSOE podría obligar a su presidente a dimitir después de junio, cuando se prevé que elijan a su candidato para las elecciones generales (para el cargo competirían el ministro del Interior y vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la titular de la cartera de Defensa, Carme Chacón, entre otros).

Si los socialistas sienten que tienen alguna opción de ganar, podrían forzar la convocatoria de comicios en septiembre u octubre de este año, para aprovechar políticamente el esperado descenso del desempleo durante el pico de la temporada turística.

La popularidad del presidente cayó tras aplicar una serie de reformas para atajar el déficit, al tratar de dominar la crisis fiscal que podría obligar a España a seguir el camino de otros países de la zona euro que han solicitado un rescate económico. El PP apuesta a ganar feudos socialistas como Castilla-La Mancha o Extremadura, y a mantener los sitios donde ya mandan, principalmente Madrid.

Cuatro de las regiones con mayor cantidad de habitantes (Andalucía, País Vasco, Cataluña y Galicia) no renuevan su gobierno autonómico, pero sí se elegirán autoridades en sus municipios. Los vascos podrán votar por un partido que representa a la izquierda nacionalista, Bildu, que fue autorizado por la Justicia, lo que fue otro tema de fuerte conflicto entre los socialistas y los populares. (Especial-DPA-AFP-Reuter)