Las acciones de empresas en poder de la Anses, antes de las AFJP, son propiedad de los aportaron que ahorraron toda una vida: son tenencias importantes de hasta más del 30% en bancos, una citrícola, alimentos, metalúrgicas y otros sectores. Estas compañías en su momento calificaron y colocaron sus acciones y emisiones de deuda corporativa para captar fondos de la jubilación privada -era un fuerte inversor institucional- y el valor actualizado asciende a $ 22.000 millones. Según el Código de Comercio, les corresponde sentarse en el directorio de las empresas. Hasta el miércoles ejercían derechos por hasta el 5% -según la norma anterior- modificada por el decreto de necesidad y urgencia.
Desde la nacionalización de los trenes, teléfonos, bancos y la comercialización de los granos en la década de los 40, la creación de compañías estatales, y la caución de acciones de empresas privadas por el Banco Industrial -luego Banade- que las fondeaba; la intervención del Estado en la actividad privada fue una constante que corrompió y empobreció. Pero esto siempre requirió de las dos puntas: vendedora y compradora.
La Argentina ha malversado buenas ideas: la jubilación privada pudo corregirse si la colecta, administración, inversión y control de los fondos hubieran estado separados -como fue su concepción original-, pero se nacionalizó. Inclusive desde el Estado se les vendió los bonos que tenían prohibido comprar. También el marco regulatorio de la energía, que inicialmente separaba el rol de generador al de transportador y de distribuidor, fue transgredido. Y la propiedad participada de acciones para los ex empleados de compañías del estado -establecida por ley- también violada.
Siendo las acciones de los jubilados y aportantes, se puede anhelar que sean ellos -en asamblea de accionistas y usando nuevas herramientas como el voto electrónico- quienes elijan a los directores que los representen en vez de funcionarios, políticos y sindicalistas, con tantas ganas de manejar semejante monto de terceros.