Por la información de nuestras columnas y por la cotidiana percepción del hombre de la calle, la ciudadanía es consciente, nos parece, de que cada día hay más adictos a las drogas en nuestro territorio. Y, lo que es más preocupante, sucede que casi todos los adictos son menores. En efecto, la edad de inicio del consumo suena a aterradora: empieza a los 12 años, y hay casos de diez y de nueve años.
Por lo general, la adicción empieza a tratarse cuando ya está muy arraigada, lo que, como es obvio, hace más difícil lograr resultados positivos. Pero una parte muy significativa del gran problema, es que no se cuenta con la suficiente cantidad de centros donde pueda aplicarse un tratamiento.
Pueden inventariarse rápidamente las posibilidades, en la órbita oficial. El centro de Las Moritas, con internación, fue pensado para un servicio muy limitado, ya que solamente recibe a adultos y si no tienen causas judiciales. En el Hospital Obarrio, solamente se interna a los menores encausados y si media una orden del juez. En el Hospital Avellaneda, el Servicio de Asistencia y Prevención de las Adicciones presta atención general, pero a través de consultorios externos, sin internación. Finalmente, están cuatro centros privados que tienen convenios con el Gobierno, pero se limitan al diagnóstico, sin internar.
Eso es todo. Hay que convenir que se trata de una estructura demasiado pequeña -como que está colapsada- para afrontar una problemática con las dimensiones que posee la adicción de los menores.
En nuestra edición del lunes, se testimonia un caso por demás revelador. Frente a dos madres angustiadas, un joven de 23 años narraba su drama. Adicto desde los 15, eso ya lo ha llevado al robo y a la cárcel. Quisiera dejar la droga y tener una vida normal. "Para eso tengo que recuperarme e internarme, pero aquí no hay ningún lugar para hacerlo", dice. Una de las madres afirma que "ya no sabemos a dónde acudir, ni qué hacer. No basta con que nuestros hijos saquen turno para el psicólogo, o que los manden medicados a sus hogares".
Parece más que clara la necesidad de que el poder público encare resueltamente la atención de semejante carencia, cumpliendo con las promesas reiteradas constantemente en los últimos dos años. Tucumán requiere con premura centros de rehabilitación de adictos en una cantidad adecuada, y que incluyan internaciones, para los casos en que esa medida sea imprescindible. El mismo jefe del servicio de Asistencia y Prevención de las Adicciones del hospital Avellaneda, aun cuando destacó que se hicieron mejoras en los últimos tiempos, reconoció que "es el sector político el que tiene que concretar nuestros proyectos".
Sin duda que tal creación de centros, modernamente equipados, habrá de exigir recursos presupuestarios de considerable magnitud. Por tanto debe tomarse, pensamos, la decisión política de obtenerlos e invertirlos en este rubro, aunque ello implique sacrificar parte de lo que se destina a otras obras públicas.
La adicción es uno de los más grandes problemas de nuestro tiempo, y su gravedad se potencia, repetimos, por el hecho de que afecta a la niñez y a la juventud, que constituyen el capital más valioso de toda sociedad que se precie de civilizada.
Va mucho más allá de un problema policial, para convertirse en una cuestión del máximo e indiscutible interés social, ya que amenaza a absolutamente todos los estratos de la comunidad. Esto define la urgencia de encararla con la colaboración de todos, sin duda; pero enmarcada en un serio esfuerzo presupuestario del Estado. No puede demorarse más tiempo esto último. Una de las madres reporteadas expresó: "el ministro de Salud nos dice que a futuro se van a construir centros de rehabilitación; pero a futuro ya no vamos a tener hijos".