Hace casi cuatro años, el miércoles 31 de enero de 2007, la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, intentaba ante los medios de comunicación relativizar el desplazamiento de una funcionaria clave del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): nada menos que la directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Graciela Bevacqua. Pocos argentinos imaginaban en esos días que el reemplazo de esta técnica de carrera por Beatriz Paglieri -Guillermo Moreno con polleras, como la definía parte del personal del organismo- daría comienzo a una larga, indignante y violenta intervención gubernamental en una institución que debería brillar por su autonomía y que la ha sumido en una profunda crisis de credibilidad. Tras Bevacqua, se fueron yendo del Indec expertos de vasta trayectoria y formación estadística. Sus lugares fueron reemplazados por personas afines al Gobierno nacional. En el medio, el índice del costo de vida empezó a ser más bajo de lo esperado por todos.

Gracias al accionar del secretario de Comercio Interior -Moreno-, con la venia de Miceli y, por supuesto, la del entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, hoy nadie cree en las estadísticas públicas argentinas.

"No tenemos ningún problema con los índices del Indec. Estamos contentísimos porque el país sigue creciendo, decaen el desempleo y la pobreza, y crece la construcción", respondió Miceli cuando se le consultó sobre el desplazamiento de Bevacqua. Seis meses después, la ministra renunció envuelta en un escándalo de corrupción que jamás supo explicar. Entonces, su antecesor, Roberto Lavagna, ya alertaba sobre los riesgos que implicaba la intromisión de la política en un organismo de corte puramente técnico y cuyas mediciones deben estar al servicio del conjunto de la población: "si no hay marcha atrás, el índice perderá credibilidad", señalaba el economista, y decía que Bevacqua había resistido presiones en los últimos meses, cuando se le pedían cambios o información estadísticamente reservada para influir sobre el índice de precios.

Con todo, el kirchnerismo siguió gobernando el país. Cristina Kirchner ganó la elección presidencial y se propuso sanear las estadísticas públicas que el gobierno de su propio marido había logrado que caigan en confianza cero. Vinieron Martín Lousteau, Carlos Fernández y Amado Boudou al frente del Ministerio de Economía, pero en el Indec siguió mandando Moreno y el dato del crecimiento del costo de vida siguió estando muy por debajo, no sólo de los que miden economistas y consultoras -cuya fiabilidad puede ser sospechada, ya que no cuentan con la estructura de trabajo del Indec-, sino de la sensación general de los consumidores.

Pero en estos últimos cuatro años, además de la evidente manipulación de las cifras de la inflación, se denunciaron también dibujos en otros indicadores, como el de la actividad industrial; cada tanto se daban a conocer situaciones de discriminación laboral y se desataban protestas en el organismo, que además de politizarse se judicializó; se eliminó el IPC Nacional -el cálculo de la inflación en cada distrito del país-; se movió de puesto y se despidió a empleados que cuestionaban la intervención -inclusive a quienes tenían un cargo gremial-; algunas provincias dejaron difundir datos sobre el costo de vida -entre ellas, Tucumán, gobernada por el kirchnerista José Alperovich-; el Indec pasó en el organigrama a depender directamente del ministro de Economía, y se realizó una convocatoria a académicos de cinco universidades presentada como bombos y platillos para que elaboraran un diagnóstico y propuestas sobre el funcionamiento del organismo, que luego desairó Boudou y convocó al otrora denostado Fondo Monetario Internacional (FMI) para que realice asistencia técnica.

Y este enrevesado presente del organismo estadístico nacional ha coincidido con un año de censo que, para colmo, quedó en un segundo plano, ya que en el día había coincidido el fallecimiento de Kirchner, y la atención del país se centró en ese acontecimiento. Sin embargo, en algunos hogares quedó la sensación de que las consultas del censo fueron extrañamente escuetas y de que se podía aprovechar un megarrelevamiento -costó nada menos que $ 523 millones- para preguntar más.

La última prueba de la falta de confianza en el Indec ha sido el aumento del IPC de 2010 que, según el organismo estadístico, fue de un 10,9%, dos veces y media menos que el cálculo anual de economistas y consultoras privadas.

Junto con ello, el organismo oficial contabiliza 4,8 millones de pobres, personas que integran familias que no llegan a reunir ingresos mensuales por $ 1.252,54 -si ganasen, por ejemplo, $ 1.300 para el Gobierno ya no serían pobres-. Además, determinó que $ 578,58 debe reunir una familia para que sus integrantes no sean considerados indigentes, categoría en la que, según el Indec, hay 1,25 millón de habitantes. "Que el Indec considere que una familia tipo puede alimentarse con $ 579 por mes ofende el sentido común, pero sobre todo vuelve casi imposible diseñar una estrategia de contención social sustentable en el tiempo", dice el columnista de NA José Calero. El diputado radical por Jujuy y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja Miguel Ángel Giubergia sostuvo que la negación permanente de los problemas es el gran pecado del Gobierno nacional. "Los datos difundidos por el Indec sobre la inflación durante 2010 se pueden resumir en una palabra: mentira", sentenció, y acusó al Estado de esconder a los pobres debajo de la alfombra. El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez (Peronismo Federal) sostuvo que la pobreza, medida con la inflación real, es el doble de la que admite el Gobierno. "Tres de cada 10 personas son pobres en nuestro país por culpa de la inacción del Gobierno en admitir y combatir la inflación", sostuvo el parlamentario.

El Gobierno poco se esfuerza por responder las críticas y la sociedad se ha acostumbrado a convivir entre la mentira. Boudou atribuyó esta semana la escalada inflacionaria al crecimiento del país y remarcó que a los problemas de inflación hay que remediarlos con políticas concretas. "A los precios no los sube el Gobierno, sino los empresarios y los industriales", dijo.