Un mosaico de leyes que favorecen a las personas con discapacidad no atina a facilitarles la vida para que puedan acceder a los derechos de los que gozan los demás. En Tucumán hay más de 100.000 personas con diferentes discapacidades, pero sólo el 10% tiene acreditada esa condición, por lo tanto el 90% no puede reclamar sus derechos. En la práctica, deben accionar amparos en la justicia para conseguir que las obras sociales cubran sus problemas de salud. La ley de educación incluye a los niños discapacitados pero cuando estos van a los colegios no son recibidos. En teoría, el 4% de los empleos está destinado a los discapacitados, y sin embargo, el 95% está desempleado.
Dos abogados Carlos Fiori y Juan Manuel Posse, lograron reunir su libro "Al amparo de la discapacidad", todas las leyes provinciales que protegen a las personas con discapacidad en Tucumán. La presentación se hará hoy a las 20.30 en el centro cultural Eugenio F. Virla, y se referirán a la obra Viviana Scarzzo y Adriana Corda.
"Si se cumplieran todas las leyes las personas en situación de discapacidad tendrían más visibilidad e inclusión en la sociedad. El problema radica en que ellas y sus familias desconocen en general sus derechos, tanto leyes y decretos como resoluciones. Esto se suma a que si bien algunas leyes se cumplen en su totalidad otras lo hacen parcialmente. Además la mayoría no está reglamentada lo que hace que no sean operativas, más aún en el caso de las que han dejado librado a la reglamentación las sanciones por su incumplimiento como la ley de acceso al transporte", advirtieron.
"¿Por qué las personas con discapacidad no acceden a la justicia?" se preguntan Fiori y Posse. Su respuesta es que desconocen sus derechos y los procedimientos para conseguirlos. No hay abogados formados en esta especialidad que se interesen por la discapacidad. Si bien muchos jueces sentaron jurisprudencia no pueden actuar de oficio, necesitan que alguien inicie un caso. Si los afectados no reclaman por sus derechos, la violación puede pasar desapercibida. Y sin duda los temas que más llegan a la justicia son los relacionados con el derecho a la salud y a la transitabilidad (a pesar del decreto reglamentario de la ley 6830 sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas).