Los entes reguladores de servicios públicos tienen rango constitucional (artículos 42 del texto federal y local). Se previeron por el constituyente partiendo del presupuesto -realista por cierto- de que los usuarios y los consumidores ostentan una debilidad estructural en la relación de consumo frente al proveedor, por lo cual merecen y necesitan una adecuada protección del Estado.
La Constitución otorga a los usuarios el derecho a una información adecuada y veraz. Los entes deben controlar a las empresas privadas que prestan esenciales servicios para la comunidad, en calidad y tarifas accesibles, en un marco de insospechada independencia. ¿Cómo se logra evitar una connivencia entre entes y empresas, fatal para el usuario? Lo dijo el constituyente: incorporando, como contralor de los entes, a las asociaciones de usuarios en niveles de dirección.
Idéntica norma
En Tucumán (tras la reforma del 2006) se adoptó idéntica norma y fundamentación que la federal. El convencional Daniel Heredia, miembro informante del despacho de mayoria, expresó: "estamos previendo la necesaria participación de los usuarios y consumidores en los organismos de control, dado que no eran tomados en cuenta al momento de efectuarse subas de tarifas".
En Tucumán se violó impunemente la Constitución. No se integraron a las asociaciones de usuarios ni en el Epret ni tampoco en el Ersact, controladores de EDET y de la Sociedad Aguas del Tucumán, respectivamente.
Ambos entes fueron regulados por ley como "socios" de las empresas que deben controlar, fijándoles como ingreso un porcentaje del monto de la tarifa que ellos deben previamente autorizar y pagan los usuarios, pese a tener anualmente asignaciones presupuestarias millonarias para su funcionamiento. Ahora pretenden distraer unificando estos entes de control, en temas muy diferenciados que no admiten tal fusión.
Exigimos que cumplan con la Constitución: eliminen la "sociedad" de estos entes con las empresas y garanticen la representación de usuarios para que terminemos con esta farsa de "audiencias públicas" para incrementos tarifarios, autorizados previamente por el propio Gobernador.