En los países democráticos, estables y normales, el grueso del financiamiento para la actividad política proviene del Estado. Se considera importante que los partidos tengan una vida orgánica activa para evitar que los grupos económicos los copen e impongan los candidatos al Congreso gracias a que dependen de su aporte. Con esta clase de prácticas se corre el riesgo de que lleguen representantes que voten leyes que les sirvan a los grandes y poderosos grupos de poder y no a la sociedad. En la Argentina tenemos legisladores que pasaron a ser lobbistas de sectores concentrados de la economía.
En el Acuerdo Cívico y Social hay contradicciones que debemos superar. Quienes integramos partidos con escasos recursos quedamos con la ñata contra el vidrio al momento de distribuir candidaturas: a la hora de poner militancia, gente y trabajar estamos en primera fila, pero cuando se trata de nominar representantes, debemos esperar a que nos tiren una migaja.