La decisión del gobernador de Tucumán, José Alperovich, de aumentar el salario de los concejales y de los legisladores de esa provincia entre un 16% y un 19% coloca, una vez más, a la valoración de función pública en el centro del debate.
Para que el Estado avance en la conformación de un cuerpo gerencial meritocrático con un alto nivel de formación, es necesario que los salarios públicos sean competitivos con respecto al sector privado. Si no, se corre el riesgo de que función pública sea una actividad exclusiva de quienes tienen ingresos suficientes por otros medios, o de quienes se financian utilizando al Estado cada vez que acceden a un cargo público. Por otro lado, la instauración de una carrera pública en el Estado y el establecimiento de salarios cada vez más competitivos permitirían atraer a profesionales más capacitados para gestionar, con eficiencia y prudencia, los recursos públicos.
No obstante, es importante que la definición del salario se haga de forma transparente, pública y comprensiva de todos los suplementos. De lo contrario, se transforma en oscura una decisión cuyo fundamento la sociedad debería comprender.
En este sentido, sería deseable que una mayor valoración social de la función pública esté también acompañada de un control y seguimiento más estricto de los objetivos y de los logros de cada gestión. Mientras se instale entre ellos una fuerte cultura de rendición de cuentas, esos mismos funcionarios pueden contribuir a mejorar la percepción que el resto tiene de su tarea.
Finalmente, en la medida en que la función pública sea una carrera cada vez más cercana a las aspiraciones de los ciudadanos, aumentará la legitimidad y la valoración de quienes nos representan.