La cita está fijada para el próximo miércoles. En principio, el 28 será la fecha en que los diputados nacionales debatirán el proyecto de ley que habilita el matrimonio homosexual en la Argentina. La propuesta, que cuenta con dictamen favorable de mayoría, suscrito por la tucumana Stella Maris Córdoba, acaba de sumar otro voto de apoyo entre los parlamentarios de Tucumán.

"Voy a votar afirmativamente en favor de la unión civil en general, pero voy a oponerme a varios artículos durante el tratamiento del dictamen en particular", aseveró a LA GACETA el peronista Gerónimo Vargas Aignasse. Anteriormente, el oficialista había dicho que permitir la adopción a las parejas gay le generaba muchas dudas. Ahora, puntualizó que ya tomó una decisión.

"Es obligación del Estado atender la demanda de derechos de todos los ciudadanos sin distinción de raza credo u orientación sexual. Las parejas homosexules deben tener derechos previsionales, hereditarios y del régimen de sociedad conyugal, porque la Constitución y los Pactos Internacionales se los otorgan", describió el abogado.

"Me opongo a la posibilidad de adopción, por que advierto que avanzaríamos sobre los derechos de opción que ese menor no podría ejercer. Formalmente, no me parece adecuado modificar el Código Civil. Se debería haber creado un régimen de unión civil o, en todo caso, podría haberse agregado un capítulo que incluya a las parejas homosexuales", precisó el legislador nacional.

Vargas Aignasse opinó que el uso de la expresión "matrimonio gay" representa una provocación innecesaria hacia la Iglesia católica, "de quien la legislación nacional tomo el término ?matrimonio? para darle forma al Código Civil".

Postura del Episcopado

Durante la semana, los obispos argentinos, reunidos en asamblea plenaria, ratificaron la oposición de la Iglesia contra el proyecto que tratará la Cámara Baja.

"Corresponde a la autoridad pública tutelar el matrimonio entre varón y mujer con la protección de las leyes. Si se otorgase un reconocimiento legal a la unión entre personas del mismo sexo, o se las pusiera en un plano jurídico análogo al del matrimonio y la familia, el Estado actuaría erróneamente y en contradicción con sus propios deberes, al alterar los principios de la ley natural y del ordenamiento público de la sociedad argentina", advirtieron.

El Episcopado sostuvo que "constatar una diferencia real no es discriminar", porque "la naturaleza no discrimina cuando nos hace varón o mujer", y recordó que "nuestro Código Civil no discrimina cuando exige el requisito de ser varón y mujer para contraer matrimonio; sólo reconoce una realidad natural. Las situaciones jurídicas de interés recíproco entre personas del mismo sexo pueden ser suficientemente tuteladas por el derecho común".

Asimismo, estimó: "sería una discriminación injusta contra el matrimonio y la familia otorgar al hecho privado de la unión entre personas del mismo sexo un estatuto de derecho público".

Los prelados apelaron, finalmente, "a la conciencia de nuestros legisladores para que, al decidir sobre una cuestión de tanta gravedad, tengan en cuenta estas verdades fundamentales, para el bien de la Patria y de sus futuras generaciones".