El Ministerio de Salud, que se comprometió con la Justicia en tratar a los reos adictos en el penal de Villa Urquiza, deberá intervenir cuanto antes en la problemática. El camarista Carlos Ruiz Vargas esta semana requerirá informes sobre el estado de salud de los 13 internos que, según un estudio realizado por el Cuerpo Médico Forense, consumieron cocaína y marihuana. Además, el juez le solicitó al director de Institutos Penales, Roberto Guyot, que el psiquiatra de la cárcel notifique si ocho reclusos que consumieron psicofármacos tenían recetada la medicación.

El conflicto sobre el lugar de tratamiento para los presos adictos estalló cuando Ruiz Vargas ordenó el traslado de un grupo de seis reos al Hospital Obarrio. Personal médico protestó, y avisó que no iba a prestar ese servicio. Sin embargo, luego de un diálogo entre el magistrado y el viceministro de Salud, Alberto Sabaj, y la directora del hospital, Nélida Romano, se acordó que el Obarrio examinaría caso por caso. Sólo uno de los pacientes quedó internado.

El resto recibirá un tratamiento ambulatorio intramuros. Sin embargo, Ruiz Vargas ya les envió oficios al Ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, y al director Guyot, para indicarles sobre la necesidad de la creación de un pabellón aislado para el tratamiento de los presos adictos.

"Hay una sala con capacidad hasta para 70 internos, pero no sé en qué condiciones estará. Por lo pronto, me interesa que se les prohiba el uso de dinero. Aquellos que produzcan bienes o reciban incentivos, deberían obtener mercaderías. Se debe hacer todo lo posible por tratar de recuperar la salud de estos internos", finalizó el vocal.