El mundo carcelario tiene una ley tácita, simple y absoluta: nadie ve nada; nadie escucha nada; nadie dice nada. Quien viola estos preceptos, dicen muros adentro, puede llegar a pagar la falta con su vida.
Pero, al fin, uno de los casi 900 reclusos alojados en el penal de Villa Urquiza se atrevió a romper este código de silencio. Mediante su abogado defensor, le acercó al camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas los nombres de tres guardiacárceles que, según él, organizan la venta de droga en un sector de la penitenciaría. "Esta semana se los transmitiré al fiscal federal (Carlos Alfredo) Brito, quien está a cargo de las actuaciones. El deberá determinar los pasos a seguir. Quizás quiera hablar con algunos internos o tomar otras medidas", dijo el vocal de la sala VI de la Cámara Penal.
Fuentes de la Justicia Federal le adelantaron a LA GACETA que el expediente debe llegar a manos del juez federal de turno antes de que se dé inicio a la pesquisa. "El magistrado puede resolver investigar el caso por sí mismo o delegarle algunas facultades al fiscal. Sobre la base de esto se verá si se citan testigos, por ejemplo. Pero, para imputarle un delito a una persona, no alcanza con que se dé solamente su nombre. Son necesarias pruebas suficientes para sospechar, en este caso, que se comercializa droga en la cárcel", explicaron fuentes de la fiscalía federal.
Desde agosto de 2008, cuando la sala II de la Cámara Penal ordenó un análisis de orina a 114 presos, se conoce que en la penitenciaría más importante de la provincia entre el 60% y el 65% de los reos consume marihuana, cocaína y otras sustancias. Esta situación no ha cambiado, según lo revela un estudio similar dispuesto por la sala VI de la Cámara Penal.
Pese a los informes, aún es un misterio cómo los narcotraficantes sortean los altos muros del edificio, los estrictos controles de acceso y la rigurosa vigilancia.
"Al menos en los últimos años no hubo guardiacárceles vinculados a causas sobre tenencia o comercialización de estupefacientes en la prisión", afirmaron fuentes de las fiscalías de Brito y de su par, Emilio Ferrer. En cambio, sí se detuvo a familiares de internos durante las requisas. "Sin embargo, fueron pocos casos y llevaban cantidades mínimas. Se puede hablar de un tráfico hormiga", señalaron fuentes judiciales. Informantes del servicio penitenciario también le relataron a LA GACETA que es difícil imaginarse cómo alguien puede introducir droga al penal. "La mayoría de los familiares, tanto hombres como mujeres, son requisados hasta en sus partes íntimas. También se revisa la comida que ingresan y los otros elementos", dijeron desde el Servicio Penitenciario. Y agregaron que casi todos los que trabajan en Villa Urquiza también son sometidos a controles similares.
"Algo huele raro"
En los pabellones, sin embargo, la droga sigue circulando. Hace 17 días, a un recluso le secuestraron 38 gramos de cocaína (unas 10 dosis) y $ 209 que llevaba en los pantalones. El jueves, además, a un interno que estaba alojado en la unidad I se le incautó una bolsa con unas 65 pastillas de psicofármacos. "Uno se da cuenta de que llevan droga porque algo huele raro. A veces, durante los controles, hay presos que hasta se ponen a temblar", afirmaron fuentes del penal.
Las causas por tenencia de sustancias ilegales son trabajadas por agentes de la cárcel (hasta el año pasado intervenía la Dirección General de Drogas Peligrosas) y elevadas a la Justicia Federal. Entre octubre y noviembre, 23 reos fueron arrestados en los pasillos por este delito. Sólo a uno se le imputó comercialización; los demás expedientes fueron calificados como tenencia simple. "Es muy difícil probar el narcotráfico en un ámbito como el carcelario. En parte, por la escasa cantidad de droga que se secuestra en los operativos; además, por las circunstancias en que se producen las detenciones", indicó una fuente judicial. Además, desde la Justicia Federal aclararon no les compete intervenir cuando se detecta consumo de estupefacientes. "Lo que está penado es la tenencia para determinados fines, entre otros delitos", indicaron.
El dato proporcionado por el preso -que ya fue trasladado del penal de Villa Urquiza a otro lugar de detención justamente para evitar represalias, aunque su nombre no fue informado a nadie- es el primero que sindica a guardiacárceles como responsables de la distribución de droga dentro del penal. El reo le dijo a Ruiz Vargas que esos empleados hacen "trabajar" a otros reclusos. "Cada pastilla cuesta $ 2 y cada ’encendedor’ (como se denomina a la fracción cocaína en la jerga carcelaria) $ 35", le contó. Lo que no se sabe es cómo pasa, aunque todo apunta a los guardiacárceles, aunque ellos también son requisados antes de ingresar al penal. Los investigadores están seguros que la gran mayoría de las peleas entre internos tienen como motivo justamente la venta de estupefacientes y el "poder" que ella otorga.
"Como camarista, tengo también la responsabilidad de la ejecución de la sentencia, lo que incluye el cuidado de la salud y de la seguridad del interno. Por eso, le transmití ya verbalmente estos datos a la Justicia Federal. También se debe determinar si no deben actuar fiscales de Instrucción del fuero provincial, porque incluso hay versiones sobre internos que son amenazados o reprimidos porque se niegan a vender sustancias. Todas estas cuestiones deben ser investigadas", remarcó Ruiz Vargas.
La Justicia Federal cuenta con una pista inédita. Ahora, deberá determinar si es firme o el preso que rompió el silencio sólo buscaba algún beneficio. El camino a la verdad parece ser largo.
Pero, al fin, uno de los casi 900 reclusos alojados en el penal de Villa Urquiza se atrevió a romper este código de silencio. Mediante su abogado defensor, le acercó al camarista Carlos Francisco Ruiz Vargas los nombres de tres guardiacárceles que, según él, organizan la venta de droga en un sector de la penitenciaría. "Esta semana se los transmitiré al fiscal federal (Carlos Alfredo) Brito, quien está a cargo de las actuaciones. El deberá determinar los pasos a seguir. Quizás quiera hablar con algunos internos o tomar otras medidas", dijo el vocal de la sala VI de la Cámara Penal.
Fuentes de la Justicia Federal le adelantaron a LA GACETA que el expediente debe llegar a manos del juez federal de turno antes de que se dé inicio a la pesquisa. "El magistrado puede resolver investigar el caso por sí mismo o delegarle algunas facultades al fiscal. Sobre la base de esto se verá si se citan testigos, por ejemplo. Pero, para imputarle un delito a una persona, no alcanza con que se dé solamente su nombre. Son necesarias pruebas suficientes para sospechar, en este caso, que se comercializa droga en la cárcel", explicaron fuentes de la fiscalía federal.
Desde agosto de 2008, cuando la sala II de la Cámara Penal ordenó un análisis de orina a 114 presos, se conoce que en la penitenciaría más importante de la provincia entre el 60% y el 65% de los reos consume marihuana, cocaína y otras sustancias. Esta situación no ha cambiado, según lo revela un estudio similar dispuesto por la sala VI de la Cámara Penal.
Pese a los informes, aún es un misterio cómo los narcotraficantes sortean los altos muros del edificio, los estrictos controles de acceso y la rigurosa vigilancia.
"Al menos en los últimos años no hubo guardiacárceles vinculados a causas sobre tenencia o comercialización de estupefacientes en la prisión", afirmaron fuentes de las fiscalías de Brito y de su par, Emilio Ferrer. En cambio, sí se detuvo a familiares de internos durante las requisas. "Sin embargo, fueron pocos casos y llevaban cantidades mínimas. Se puede hablar de un tráfico hormiga", señalaron fuentes judiciales. Informantes del servicio penitenciario también le relataron a LA GACETA que es difícil imaginarse cómo alguien puede introducir droga al penal. "La mayoría de los familiares, tanto hombres como mujeres, son requisados hasta en sus partes íntimas. También se revisa la comida que ingresan y los otros elementos", dijeron desde el Servicio Penitenciario. Y agregaron que casi todos los que trabajan en Villa Urquiza también son sometidos a controles similares.
"Algo huele raro"
En los pabellones, sin embargo, la droga sigue circulando. Hace 17 días, a un recluso le secuestraron 38 gramos de cocaína (unas 10 dosis) y $ 209 que llevaba en los pantalones. El jueves, además, a un interno que estaba alojado en la unidad I se le incautó una bolsa con unas 65 pastillas de psicofármacos. "Uno se da cuenta de que llevan droga porque algo huele raro. A veces, durante los controles, hay presos que hasta se ponen a temblar", afirmaron fuentes del penal.
Las causas por tenencia de sustancias ilegales son trabajadas por agentes de la cárcel (hasta el año pasado intervenía la Dirección General de Drogas Peligrosas) y elevadas a la Justicia Federal. Entre octubre y noviembre, 23 reos fueron arrestados en los pasillos por este delito. Sólo a uno se le imputó comercialización; los demás expedientes fueron calificados como tenencia simple. "Es muy difícil probar el narcotráfico en un ámbito como el carcelario. En parte, por la escasa cantidad de droga que se secuestra en los operativos; además, por las circunstancias en que se producen las detenciones", indicó una fuente judicial. Además, desde la Justicia Federal aclararon no les compete intervenir cuando se detecta consumo de estupefacientes. "Lo que está penado es la tenencia para determinados fines, entre otros delitos", indicaron.
El dato proporcionado por el preso -que ya fue trasladado del penal de Villa Urquiza a otro lugar de detención justamente para evitar represalias, aunque su nombre no fue informado a nadie- es el primero que sindica a guardiacárceles como responsables de la distribución de droga dentro del penal. El reo le dijo a Ruiz Vargas que esos empleados hacen "trabajar" a otros reclusos. "Cada pastilla cuesta $ 2 y cada ’encendedor’ (como se denomina a la fracción cocaína en la jerga carcelaria) $ 35", le contó. Lo que no se sabe es cómo pasa, aunque todo apunta a los guardiacárceles, aunque ellos también son requisados antes de ingresar al penal. Los investigadores están seguros que la gran mayoría de las peleas entre internos tienen como motivo justamente la venta de estupefacientes y el "poder" que ella otorga.
"Como camarista, tengo también la responsabilidad de la ejecución de la sentencia, lo que incluye el cuidado de la salud y de la seguridad del interno. Por eso, le transmití ya verbalmente estos datos a la Justicia Federal. También se debe determinar si no deben actuar fiscales de Instrucción del fuero provincial, porque incluso hay versiones sobre internos que son amenazados o reprimidos porque se niegan a vender sustancias. Todas estas cuestiones deben ser investigadas", remarcó Ruiz Vargas.
La Justicia Federal cuenta con una pista inédita. Ahora, deberá determinar si es firme o el preso que rompió el silencio sólo buscaba algún beneficio. El camino a la verdad parece ser largo.