Los problemas -y sus posibles soluciones- en la implementación de la nueva Ley 26.571, que determinó la reforma política nacional, fueron analizados en los tribunales federales por el secretario de la Cámara Nacional Electoral, Nicolás Deane, por magistrados federales, por secretarios y por funcionarios electorales de las cinco provincias que conforman la región: Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.

El secretario describió una propuesta de trabajo a implementar con el objetivo de atender las innovaciones dispuestas en la norma sancionada en diciembre de 2009. En particular, lo que respecta al nuevo sistema de registro de los electores a partir del cual se confeccionan los padrones.

La legislación es resistida especialmente por los partidos con pocos afiliados. Estas agrupaciones corren el riesgo de desaparecer cuando la adhesión formal de simpatizantes esté por debajo del piso del 4% del padrón de cada distrito (unos 4.000, en Tucumán).

El encuentro realizado ayer fue el primero en el país con estas características. "Es altísimo el nivel de satisfacción de esta conversación, que fue muy fluida, abierta y con cierta informalidad. Estas reuniones sirven para definir cómo implementar la modificación a la ley desde el punto de vista tecnológico y de recursos humanos", dijo Deane durante una entrevista con LA GACETA que se desarrolló como sigue.

-¿Satisface la nueva norma?

-En algunos aspectos no estamos necesariamente conformes, pero no depende de los jueces estar o no satisfechos, sino aplicarla.

-¿Cuáles son los temas que más le preocupan en lo que respecta a su aplicación?

-Sin duda, la mayor preocupación pasa por la implementación de las elecciones primarias (serán obligatorias para definir los candidatos presidenciales por cada partido o frente). En especial, sobre sus tiempos; sobre la simultaneidad de comicios; sobre la cantidad de agrupaciones que intervendrán y sobre las dificultades que puede haber en una mesa de votación, entre otros puntos. La complejidad estará dada por el hecho de que hablamos de 80.000 mesas y de 28 millones de votantes. Pero no es algo nuevo para la Justicia Electoral que nos cambien las leyes y que debamos hacer un esfuerzo extra para adecuar los sistemas.

-¿Se está a tiempo para aplicarla en la elección de 2011?

-Sí, no creo que haya ningún problema. En todos los casos de estas modificaciones se realizan pruebas piloto y adecuaciones. Luego de la primera vez, se producen siempre renovaciones y modernizaciones. Es algo continuo, porque no trabajamos para una elección, sino para todo el tiempo. No hacemos un padrón seis meses antes, sino que está constantemente actualizado.

-La ley está fuertemente judicializada, principalmente por los partidos denominados minoritarios.

-En casi todos los distritos se han presentado denuncias y en la Cámara hay varias causas en análisis. Pero como son planteos judiciales sobre los que tengo que fallar, no me corresponde opinar. Modificaciones como la aprobada generan problemas para varias agrupaciones, y es una realidad muy compleja y diversa la de los 700 partidos que están reconocidos en el país. La provincia de Buenos Aires es siempre la más compleja.

-Los planteos más repetidos, ¿tienen que ver con la exigencia de un piso de afiliados?

-Sí, la posibilidad de que caduque una personería política es la preocupación más frecuente. Pero aún no hemos emitido ninguna sentencia al respecto.

-¿La Cámara tiene una propuesta de implementación de la ley para el registro electoral y en las afiliaciones a los partidos?

-Hemos presentado un proyecto operativo sobre el diseño y la modificación de circuitos de documentación para llegar a un registro electoral con la eficiencia que nos exige la ciudadanía. Es una nueva modalidad. También se están haciendo los cambios necesarios para que los ciudadanos y los partidos puedan conocer la afiliación de cada uno, para que las fichas no sean declaradas nulas. Se está aprovechando mucho Internet, pero también habrá atención personalizada en los juzgados.