El Gobierno nacional salió al cruce del paro convocado por la CGT para el próximo 10 de abril. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el primero en reaccionar con dureza, calificando la medida como un acto del "pasado que nadie quiere". Su mensaje, difundido a través de la red social X, reflejó la postura más confrontativa dentro del Ejecutivo, mientras otros funcionarios se mostraron más cautelosos y aún confían en desactivar la protesta.
Desde la Jefatura de Gabinete, encabezada por Guillermo Francos, señalaron que esperaban la convocatoria y que están dispuestos a abrir canales de diálogo. "La idea es conversar la semana que viene y escuchar sus planteos", afirmaron fuentes oficiales. En este contexto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, será uno de los encargados de negociar con los referentes sindicales, como Héctor Daer y Gerardo Martínez.
Por otro lado, el Gobierno no descarta mantener el operativo de seguridad aplicado en la última marcha de jubilados, en caso de que la CGT decida movilizarse. Además, insisten en que la convocatoria tiene un trasfondo político y que la central obrera busca capitalizar el descontento social. A pesar de esto, algunos dirigentes oficialistas ven en la confrontación una oportunidad para reforzar la imagen de Milei como líder de la "nueva política" frente a las estructuras tradicionales.
La estrategia del Ejecutivo también incluye la postergación de reformas laborales más profundas hasta 2026, con la intención de negociar en el marco del Pacto de Mayo. Mientras tanto, el Gobierno continuará buscando interlocutores en el ámbito sindical y empresarial para sostener la estabilidad política y económica, consciente de que el paro del 10 de abril marcará un nuevo capítulo en la relación con el movimiento obrero.