La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este lunes el proyecto de ley Antibarras, una iniciativa para endurecer las sanciones contra estos grupos y frenar su influencia en el fútbol. La propuesta busca tipificar a las barras como asociaciones ilícitas, investigar sus vínculos con los dirigentes de los clubes y establecer penas más severas. La medida surge tras los incidentes ocurridos la semana pasada en las inmediaciones del Congreso.

Desde Casa Rosada, y junto al director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín, Bullrich se refirió a esta decisión. “Hace tiempo que la Argentina necesita resolver este problema estructural. Esta norma tipifica los delitos como una asociación ilícita especial y refuerza la prohibición de ingreso a los estadios, que pasó de ser potestad de los clubes al Estado en 2016”.

Bullrich remarcó que, aunque en 2024 se registró el mayor número de personas impedidas de ingresar a las canchas, esto no era suficiente. “El programa Tribuna Segura fue exitoso, pero nos dimos cuenta de que nos faltaba algo: desarmar a las barras, que operan como organizaciones criminales”, afirmó. 

Por su parte, Berlín reforzó la postura oficial. “Hay que dejar de ver al barra brava como parte del folklore del fútbol. Es un delincuente y debe ser tratado como tal”, sentenció.

Las bases del proyecto presentado por Bullrich

El proyecto también apunta a eliminar las fuentes de financiamiento de estos grupos. “No se trata solo de lo que hacen en los estadios, sino de todos sus negocios ilegales. Se alquilan por dinero, son contratados como custodios y participan en la reventa de entradas y camisetas. Tenemos que acabar con esto”, explicó Bullrich.

Además, la ministra advirtió que los dirigentes que colaboran con estos grupos también estarán bajo la lupa. “Hay directivos que les facilitan entradas, les alquilan micros y permiten su ingreso con elementos contundentes. Vamos a investigarlos”, aseguró.

De cara a la marcha prevista para este miércoles en el Congreso, Bullrich expresó su deseo de que sea pacífica y cuestionó a la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos tras los incidentes de la semana pasada. “Los dejó libres en dos horas, sin revisar antecedentes. Los jueces deben proteger a la ciudadanía, no a los delincuentes”.

Finalmente, anunció la habilitación de la línea 134 para que los ciudadanos denuncien a los responsables de los disturbios. “Queremos información de quienes realmente se manifiestan y de quienes solo buscan generar caos”, cerró.