En el marco de lo que seguramente será el testimonio más extenso en el juicio que se sigue contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, y otros ex funcionarios universitarios, ayer el perito ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán comenzó su exposición con las generalidades del análisis que él hizo en la causa, y entre otros aspectos, advirtió que “analizada la situación que se debate en el marco del juicio, hay memorias descriptivas que no se condicen con la documentación que tiene el expediente”.

De esta manera dio un adelanto de lo que será su testimonio, que podría extenderse a lo largo de 20 audiencias, en el que analizará una por una las obras que se realizaron, o no, con el dinero que llegaba desde YMAD a la universidad. En síntesis, lo que el experto informó en su momento, y que ahora deberá ratificar ante el Tribunal Oral Federal compuesto por los jueces subrogantes Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, es que hubo diferencias entre la cotización a la que arribó él y el presupuesto de cada obra.

Guzmán fue claro en su testimonio, al abrir la audiencia: “se hallaron irregularidades en cada uno de los expedientes, había muchas “red flags” o banderas que nos mostraban anomalías. En el trámite de una obra, cuantas más irregularidades tengamos, más posibilidades hay de corrupción o defraudación al Estado”, afirmó.

Causa YMAD: un testigo declarará durante unas 20 audiencias

Además de Cerisola, que es representado por Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen, están siendo juzgados los ex funcionarios Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, defendido por Víctor Taleb; Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, por Alfredo Falú, y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-, asistido legalmente por el defensor oficial Mariano Galleta. Por el lado de la acusación actúan los miembros del Ministerio Público Fiscal Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa; el querellante es Patricio Esperguín.

Diferencias

La extensión del informe de Guzmán tiene que ver con el trabajo que realizó a pedido de la Justicia entre 2020 y 2023. Allí analizó cada una de las obras, y eso es lo que debe exponer ante el tribunal. El perito ayer advirtió, por ejemplo, que a pesar del tiempo que le insumió el trabajo, no se pudo corroborar todo ya que había elementos de prueba que no le fueron facilitados, y que además había diferencias entre lo que él sostenía y un informe realizado por personal de Gendarmería.

CERISOLA. Firmó la mayoría de las autorizaciones, dijo Guzmán.

Ante una pregunta concreta acerca de si los presupuestos de las 13 obras se correspondían con los precios de mercado en ese momento, Guzmán no dudó en contestar que no.

Juicio YMAD: realizaron una inspección ocular en la Facultad de Derecho

La investigación fue elevada a juicio en 2018 por el entonces juez federal Fernando Poviña, que hoy integra la Cámara Federal de Apelaciones. La causa se relaciona con el manejo de $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos por la UNT en concepto de utilidades de la minería. La Universidad es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento de Farallón Negro, rico en manganeso, en oro y en plata. Este había sido descubierto en 1936 por el explorador Abel Peirano, quien legó sus derechos de explotación a la UNT. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el artículo 18 de la norma, ese 40% de regalías debía dividirse en un 20% para las otras universidades del país y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad.

La UNT recuperaría el 40% de utilidades mineras de YMAD

En 2010 el arquitecto Ramón Eudal (fallecido) denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac).

En ese sentido, Guzmán aseguró que la mayoría de las autorizaciones para que se realizaran las obras estaban firmadas directamente por el rector Cerisola, principal imputado en la causa. Y luego, al hablar de los anticipos financieros, advirtió que los mismos tienen su razón de ser en disminuir el costo financiero, pero que le llamó la atención el monto de los que había otorgado la UNT, que llegaban al 30%. “Es alto en comparación con otras obras que analicé”, dijo. Al respecto, aseguró: “es llamativo que hayan otorgado anticipos financieros a posteriori de la adjudicación de las obras”. El testimonio continuará hoy, ya con el análisis pormenorizado de cada obra.