El miércoles, una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires derivó en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes, que exigían mejoras en las jubilaciones, fueron apoyados por barrabravas de distintos clubes de fútbol y agrupaciones políticas de izquierda. La protesta culminó con más de 120 detenidos y al menos 45 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno.
Marcha en el Congreso: un policía golpeó a una jubilada y la dejó inconsciente
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó los hechos como "de una gravedad inigualable" y aseguró que los manifestantes "vinieron preparados para matar". Según Bullrich, entre los detenidos se encuentran barrabravas, agrupaciones de izquierda y miembros de sectores kirchneristas que, según ella, buscan desestabilizar al gobierno. La ministra detalló que se secuestraron armas de fuego, armas blancas y miguelitos, lo que evidenciaría una planificación premeditada de los disturbios.
Bullrich también apuntó contra intendentes del Partido Justicialista (PJ), acusándolos de estar detrás de la organización de la protesta. Señaló que algunos de los involucrados en los enfrentamientos se reunieron en los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora, liderados por los dirigentes Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente. La ministra afirmó que estos sectores buscan la desestabilización del gobierno y que se presentarán denuncias penales contra los responsables.
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, se discutía la creación de una comisión para investigar el escándalo de la criptomoneda '$LIBRA', lo que provocó confrontaciones físicas entre diputados y llevó a la suspensión de la sesión. Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, resultando en numerosos heridos y detenidos.
Estos hechos han generado una fuerte condena por parte de diversos sectores políticos y sociales, aumentando la tensión en el país. Organizaciones de derechos humanos y sindicatos han convocado a nuevas movilizaciones en repudio a la represión y en apoyo a los reclamos de los jubilados. La situación plantea interrogantes sobre la gobernabilidad y la respuesta del gobierno frente a las crecientes demandas sociales en un contexto económico adverso.
