El Gobierno nacional comunicó este jueves un ajuste dentro de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), creado por la Ley de Medios y financiada con el presupuesto de Diputados.
El organismo estatal está encargado de recibir denuncias contra periodistas. En concreto, se oficializaron 100 despidos, bajando así la planta a solo 40 personas. Además, el Ejecutivo decidió el remate de los bienes, entre los que se encuentra un estudio de TV móvil.
La medida se oficializó a través de la resolución 107 y fue anunciada por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
“Desde su creación en 2009 los argentinos contribuimos 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias (muchas repetidas con el mismo texto por centenas) en contra de periodistas críticos del kirchnerismo (y después critican al presidente Javier Milei)”, expresó en sus redes sociales.
“Entre otros dislates, este cuerpo tenía un estudio de televisión portátil con el que se recorría la costa en temporada estival, invitando a los chicos a participar en un adoctrinamiento en contra de los críticos del kirchnerismo”, criticó.
El funcionario defendió también las formas que tiene el presidente con los periodistas, con chicanas y hasta insultos en sus redes. Calificó el estilo del libertario como “particular, frontal, abierto y transparente”.
“Los modos y su contenido serán objeto de evaluación del votante. Pero no se usa el dinero público ni para comprar voluntades ni para amedrentar opositores. Es todo lo contrario de lo que hacía el kirchnerismo que usaba los recursos públicos para disciplinar a la prensa a espaldas de los ciudadanos, pero usando su dinero”, afirmó.
Sobre el despido de empleados, Sturzenegger argumentó que “aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución”. “De cualquier manera, el Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones”, añadió.