El Gobierno nacional acusó por presunta cartelización de precios a las empresas de medicina prepaga, por los aumentos que aplicaron por encima de la inflación entre diciembre de 2023 y abril de este año.

"La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud (UAS) y a Claudio Belocopitt", anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, este jueves, en conferencia de prensa.

El empresario Belocopitt, además de ser titular de la empresa Swiss Medical, en su momento era presidente de la UAS.

Cuáles son las prepagas imputadas por el Gobierno

"Las empresas alcanzadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, la confederación Unión Argentina de Salud (UAS), y Claudio Belocopitt, que en ese entonces ejercía el doble rol de presidente de Swiss Medical y de la UAS", detalló el Adorni.

Las firmas tienen 20 días hábiles "para formular su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar las conductas imputadas". Tras este periodo, las partes imputadas tendrán  seis días hábiles para presentar sus alegatos. Luego, deberá tomarse una decisión sobre la imputación realizada.

Además, expresó que el procedimiento podría derivar en multas de "hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido".

El funcionario remarcó que la medida surge a partir de una denuncia por cartelización que tenía por objetivo fijar precio entre los meses de diciembre 2023 y abril 2024.

"En abril, el Ministerio de Economía intervino dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre, y dictaminó que los aumentos no podrán ubicarse por encima de la inflación", detalló.

"La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina", detallaron desde la Secretaria de Industria y Comercio sobre el delito imputado a las prepagas y a Belocopitt.

En efecto, la intervención también exigió "cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial", según detallaron desde un comunicado oficial de la Secretaria de Industria y Comercio.