“Yo, después de lo que me pasó a mi quiero ayudar. Desde mi lugar quiero colaborar para que otras personas sepan quiénes son, que conozcan su identidad. Yo pude encontrar a mi madre, pero hay muchísimos que siguen buscando. Y si lo que me pasó a mi sirve de algo quiero que se conozca. Que esto no quede en la nada”. Las palabras de Mario Navarro resonaron fuerte el martes en la sede del Tribunal Oral Federal. Era la primera vez que en Tucumán se realizaba un juicio por la apropiación de un niño en un centro clandestino de detención. Por ese caso, hoy, la Justicia condenó al ex guardiacárcel Santo González, como partícipe secundario, a la pena de siete años de prisión por la sustracción, retención u ocultación de un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, delito que los jueces subrogantes Enrique Lilljedahl, de Catamarca (en forma presencial), Ana Carina Farías y Abelardo Jorge Basbús, ambos de Santiago del Estero, a través de la plataforma Zoom, consideraron de Lesa Humanidad. González, ex guardiacárcel del penal de Villa Urquiza, ya había sido condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita e imposición de tormentos agravados en el marco de una megacausa también por delitos de Lesa Humanidad.
Mario Navarro fue separado de su madre en el mismo momento del nacimiento, cuando ella estaba detenida dentro de la cárcel. Había sido secuestrada cuando regresaba de su trabajo por un grupo de policías en 1975, llevada primero a la seccional 11, luego a la Jefatura de Policía y finalmente al penal de Villa Urquiza. Allí fue vejada, golpeada y violada todas las noches hasta que finalmente quedó embarazada. A la hora de dar a luz la tiraron sobre un colchón en el piso y luego se llevaron a la criatura sin darle tiempo a verlo al menos (tenía los ojos vendados) y sin siquiera decirle si era un varón o una mujer. Ella sólo escuchó su llanto. Poco después la liberaron. El bebé fue entregado posteriormente a un comerciante español, José Espinoza López, y vendido a Alcides Santiago Bravo y Cecilia Magdalena Raggiardo, una pareja de Las Rosas, en Santa Fe quienes, mediante una partida falsa, aseguraron que el niño había nacido en Las Parejas, el 6 de mayo de 1977. En 2015, Navarro comenzó con dudas sobre su identidad. Esto lo llevó a tener su primer contacto con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Allí fue derivado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Meses después le confirmaron su identidad apropiada y pudo reencontrarse con su madre.
Hoy, durante los alegatos, el fiscal Pablo Camuña aseguró que casos como estos nos interpelan. “Esto es un daño que trasciende a las víctimas y se proyecta a la sociedad. Aquí hubo una persona que fue arrancada de su madre, y a la que se le negó la identidad durante casi 40 años. Estos hechos fueron cometidos por funcionarios del Estado y con todos los recursos puestos para el secuestro de personas que no coincidían con sus ideologías”, afirmó. “El relato de la víctima nos impactó mucho. Lo llamativo es la forma en la que ella relata cómo le arrebataron al niño, en condiciones infrahumanas. El delito, desde que al niño le cambiaron el apellido, se sigue cometiendo. Y nadie decía nada. Ella fue secuestrada en julio de 1975, encerrada en total clandestinidad. Fue torturada, abusada, violada en múltiples ocasiones”, advirtió. Y aseguró que “está demostrado que Santo González fue quien trabajaba ahí, no otro González. No hay confusión. No tenemos dudas de que González es el González que está siendo juzgado”. La auxiliar fiscal Valentina García Salemi, por su parte, advirtió que el imputado trabajó en el penal desde 1971 a 1989 y que formó parte de la guardia armada. “Cuando Mario fue apropiado él trabajaba en Villa Urquiza. Hubo 11 niños en total en esa cárcel. Él fue parte de esa patota y él garantizó la quita del bebé, garantizo la retención, el tenerlo separado de su madre. Y fue parte del ocultamiento de ese bebé durante más de 38 años. Dio un aporte sustancial para que ese hecho se consumara. Esto es un delito de Lesa Humanidad”, remarcó. Y luego dijo: “Mario es un sobreviviente. Pero se le quitó la identidad a una persona, a sus hijos, que no podían conocer su propia historia, su propia genealogía”. Los representantes del Ministerio Público pidieron una pena de 12 años de prisión para González.
Las representantes de la querella, Patricia Chalup y Carolina Villella, adhirieron a los planteos del MPF, pero pidieron que la condena sea de 13 años de prisión.
En tanto, el defensor oficial, Mariano Galletta, reafirmó lo que había dicho su cliente el día anterior. “En el penal de Villa Urquiza había 10 González”, dijo. Y afirmó que la madre del niño jamás lo acusó, y que no reconoció a González. “Y está demostrado que él trabajaba en la guardia externa, no adentro de las celdas”, explicó. Y dijo que no hay pruebas del día en el que el niño nació, con lo no se puede saber si Gonzalez estaba el día que se produjo ese hecho. “No hay ninguna prueba de que él haya estado relacionado con todo esto. Existe, como mínimo, una duda razonable. Por eso voy a pedir la absolución lisa y llana y además que sea puesto en libertad inmediatamente”, agregó.
Antes de conocer el fallo, Gonzalez sostuvo su inocencia. “Confío en ustedes señores jueces. Yo nunca cometí todo esto”, dijo.
Además de la condena a siete años de prisión, los jueces ordenaron la inhabilitación perpetua del sentenciado, aunque decidieron mantener la prisión domiciliaria de la que goza actualmente, monitoreado con un dispositivo electrónico. También ordenaron que se continúe con el tratamiento psicológico voluntario al que hoy se someten tanto Navarro como su madre. Finalmente, ante un pedido tanto de los fiscales como de los querellantes, los jueces exhortaron a todas aquellas personas que hayan nacido entre 1973 y 1983 y que tengan dudas sobre su identidad a que concurran a cualquier dependencia de la Justicia Federal o de Abuelas de Plaza de Mayo.