El gobierno argentino anunció que permitirá a las universidades públicas cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, como parte de una estrategia para reformar el régimen migratorio y ordenar el sistema educativo. Esta medida, presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca ser una fuente de financiamiento para las instituciones. Sin embargo, causó sorpresa tanto en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como en universidades emblemáticas como la UBA, que desconocían la iniciativa. La propuesta retoma una discusión planteada en la Ley Bases de 2023, aunque en aquel momento no prosperó en el Congreso.
Actualmente, los estudiantes extranjeros representan el 3,9% de la matrícula en las carreras de grado de las universidades públicas, es decir, unos 79.834 alumnos. La mayoría proviene de países vecinos, encabezados por Brasil, Perú y Paraguay. En carreras como Medicina, el porcentaje de extranjeros asciende al 30%. Si bien el nivel de posgrado ya está arancelado, en grado aún rige la gratuidad para todos los estudiantes. Desde el sector universitario han señalado que estos estudiantes son una proporción reducida del total, lo que cuestiona su impacto en el financiamiento.
Algunos funcionarios han sugerido que los aranceles podrían cobrarse directamente a través del Ministerio de Educación en lugar de las universidades, canalizando esos fondos hacia programas de becas. Por otro lado, se analiza exceptuar del arancelamiento a estudiantes venezolanos debido a la crisis que los llevó a emigrar. A pesar de las críticas desde el ámbito universitario, el Gobierno evalúa implementar esta medida vía decreto, tras no lograr consenso legislativo en intentos previos.
El debate sobre el arancelamiento también refleja tensiones entre la necesidad de financiamiento y el prestigio internacional del sistema universitario. La alta presencia de estudiantes extranjeros es vista como un indicador de calidad en rankings globales como el QS y Times Higher Education. No obstante, las universidades argentinas enfrentan el desafío de equilibrar la atracción de alumnos internacionales con la sostenibilidad económica, en un contexto de ajustes presupuestarios y reformas educativas pendientes.