El abogado Gustavo Morales, representante de la jueza Carolina Ballesteros en el proceso de destitución que afronta ante la Legislatura, apuntó en un escrito contra un legislador del peronismo que integra la comisión de Juicio Político.
Se trata del famaillense José "Mellizo" Orellana, uno de los 12 miembros del comité que tomó la decisión de avanzar con el proceso de remoción de la magistrada, a partir de la denuncia efectuada por el abogado Mario Leiva Haro.
Tras la última audiencia, desde la comisión que preside Sergio Mansilla (titular subrogante de la Cámara) se comunicó la decisión de acusar a Ballesteros, quien había sido señalada en la presentación original por falta de cumplimiento de la función pública.
Mientras se desarrolla el trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento, Morales formalizó un escrito vía mesa de entradas del edificio de Muñecas al 900 en el que refiere a la situación procesal de Orellana.
El abogado de Ballesteros elevó la nota para "poner en conocimiento de existencia de condena firme dictada en contra del legislador José Fernando Orellana", y solicitó al presidente del Poder Legislativo "proceda a arbitrar los medios para que se ejecute el fallo condenatorio, a través del mecanismo previsto en el artículo 58 de la Constitución de la Provincia de Tucumán".
Dicho apartado establece que el cuerpo colegiado podrá, con los dos tercios de los votos, remover a cualquiera de sus miembros "por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno".
Morales consignó que, en agosto pasado, la sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Orellana, y en consecuencia ratificó la condena a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, decisión judicial que había sido dictada en primera instancia, en diciembre de 2022.
A partir de lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, indicó el abogado de Ballesteros, "es procedente la ejecución de la sentencia condenatoria y, por ende, se debe dar estricto cumplimiento, especialmente al punto del fallo (...) en cuanto ordena la pena de inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos", agregó.
En el último tramo del escrito, Morales solicitó que se otorgue tratamiento preferencial al planteo, "ante la configuración de un contexto de inusitada gravedad institucional e inminencia de la feria judicial".