El escándalo por la detención de dos dirigentes barriales en la causa que investiga la presunta venta de mercadería asignada por el Estado sacudió a las organizaciones sociales de Tucumán.
Mientras algunos sectores políticos cuestionan su rol como intermediarios, referentes de estas entidades enfatizaron que a diario gestionan y brindan asistencia a cientos de miles de personas vulnerables. “Por el hecho de que algunos estén haciendo mal su trabajo, no tenemos que caer todos en la misma bolsa. El esfuerzo que hacemos para que los compañeros tengan un plato de comida es enorme”, resumió Cristina Selman, del Movimiento Argentino Rebelde (MAR).
Por este caso, que tiene por querellante al Poder Ejecutivo (PE), se dispuso la prisión preventiva en contra de los dos imputados: Alberto Felipe López (titular del Movimiento Provincial Tucumán) y su hijo, Juan Alberto López Cansillieri.
Tras el secuestro de más de 5.000 kilos de productos asignados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia durante un allanamiento en Manantial Sur, el Gobierno provincial anunció cambios de fondo en este tipo de asistencia social; entre ellos, la eliminación del sistema de módulos alimentarios -en el que las entidades sociales participan como intermediarias- y la puesta en vigencia de un mecanismo de tarjetas para que, a partir de enero, los beneficiarios puedan adquirir la comida de forma directa en supermercados y despensas. De todos modos, se garantizó la continuidad de los comedores comunitarios que dan sustento con recursos aportados desde el Ministerio de Desarrollo Social.
El reemplazo de los módulos de ocho alimentos (fideos, azúcar, yerba, puré de tomates, entre otros) por una tarjeta significará un fuerte cambio en la vida cotidiana de las organizaciones. a través de las cuales el Estado llega a unos 90.000 beneficiarios.
“Ya le estamos avisando a la gente que vamos a dejar de hacer las entregas, lamentablemente, por culpa de algunos escrupulosos”, explicó “Peter” Delgadino, miembro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El coordinador del Frente Barrial 19 de Diciembre afirmó que, desde el inicio de esta gestión, se había implementado un riguroso control sobre el destino de los productos, incluyendo copias de los DNI de los vecinos asistidos y documentación física y digital. Esta entidad cuenta con 16 merenderos; además, viene distribuyendo 516 módulos del Estado, un rol que dejará de tener por el caso de Manantial Sur. “Estos días se me revolvió el estómago de bronca e impotencia (por el hallazgo de comida). Lo hablamos con los compañeros, que por una persona se digan esas cosas de todas las organizaciones sociales”, lamentó Delgadino. En cuanto a las tarjetas para alimentos, el dirigente afirmó que entendía la medida, pero se mostró escéptico respecto a su funcionamiento, no sólo porque consideró que podrían quedar excluidos algunos sectores, sino porque “después van a encontrarle 70 tarjetas a un ‘puntero’, y también nosotros seremos los culpables”. “Pero vamos a seguir sosteniendo el hambre y la crisis. Los merenderos no van a desaparecer”, aseveró.
Selman coincidió en señalar el malestar que atraviesan en la dirigencia barrial por el caso de Manantial Sur. “Llegan a decir que somos oportunistas, y vivimos al servicio del otro, de las familias. Nosotros sí hacemos llegar los alimentos. Nuestro trabajo es honesto y completo. Siempre estamos generando oportunidades para los compañeros”, dijo. En el caso del MAR, cuenta con un comedor en Banda del Río Salí y 16 merenderos en distintas localidades, y se llega además a unas 500 personas con módulos. En cuanto a la tarjeta para alimentos, la docente consideró que será un cambio positivo, aunque recalcó que el sistema actual prevé rigurosos controles y rendiciones. “Para los comedores y merenderos, eso sí, la mercadería debe seguir viniendo. La organización social no se va terminar nunca”, enfatizó.