El Ministerio Público Fiscal formalizó la imputación de cargos en contra de Alberto Felipe López (58 años) y Juan López Cansillieri (39), acusados de haber comercializado la mercadería entregada por el Ministerio de Desarrollo Social, destinada para dispositivos alimentarios de la localidad de Alderetes. Ambos estarán bajo prisión preventiva por los próximos 90 días.

El caso es investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos que dirige Mariana Rivadeneira. En una audiencia realizada ayer, la fiscal expuso detalles sobre el mecanismo empleado por los imputados. Alberto López estaba inscripto como referente de un bloque de dispositivos alimentarios y comedores, por lo cual tenía autorización del Ministerio de Desarrollo Social para retirar la mercadería correspondiente. Una vez que tenía los alimentos en su poder, la función de López era hacer llegar los bienes a los dispositivos alimentarios de sectores vulnerables y comedores a los cuales él representaba.

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Según se informó, López realizó 11 retiros en 2024, en las siguientes fechas: 28 de febrero, 19 de marzo, 16 de abril, 21 de mayo, 8 de julio, 1 de agosto, 2 y 19 de septiembre, 23 de octubre y 20 de noviembre. En el allanamiento realizado el 25 de noviembre por una investigación por violencia de género, el personal policial encontró en el domicilio donde residen ambos imputados fardos de alimentos y la última orden de entrega.

“Al cotejar la cantidad autorizada en la orden de retiro se puede observar a simple vista que la mercadería habida es mucho mayor que la que había sido retirada. Si bien está justificada la última cantidad retirada, no podemos decir lo mismo del resto de la mercadería que fue habida y que sustenta la teoría del caso del acopio para su comercialización”, sostuvo Rivadeneira.

Acto seguido imputó a padre hijo por el delito malversación de bienes en perjuicio de la administración pública. A López le endilgó la autoría y a López Cansillieri la figura de partícipe necesario.

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Tras escuchar la teoría del caso de la Fiscalía, López Cansillieri se defendió de las acusaciones contra él y su padre. “Creo que se tiene que hacer una investigación a fondo y por medio del Ministerio de Desarrollo Social chequear con las bases de datos y recién allí sacar las conclusiones de si se está haciendo un fraude al Estado o no”, dijo.

Además dijo que dentro del bloque donde ambos trabajan hay más personas responsables de la entrega de la mercadería y que su casa es solo el lugar donde se almacenan los alimentos para luego ser repartidos. Al escuchar esto, la juez Fanny Siriani exhortó al MPF para que investigue el rol de las personas mencionadas.

Medida cautelar

Rivadeneira, junto a la auxiliar de fiscal Brenda Deroy, solicitó que la causa sea declarada de asunto complejo y que los imputados sean sometidos a 120 días de prisión preventiva para cautelar el proceso, sobre todo al tener en cuenta el miedo que tienen los posibles testigos para declarar.

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El pedido fue apoyado por el querellante José María Molina, en representación del Gobierno de Tucumán. “Esto tuvo un grave perjuicio a la administración pública. Hubo un aprovechamiento de los alimentos , una explotación comercial de los mismos, y se jugó en cierta forma con los alimentos de las personas más vulnerables”, manifestó.

Los defensores Aníbal Paz y Javier Lobo Aragón (h) se opusieron a la preventiva y en cambio propusieron la medida de arresto domiciliario. Finalmente la magistrada declaró la causa como asunto complejo y dispuso la preventiva para ambos, pero por 90 días.