“A diferencia de otras provincias, en Tucumán con la ley de narcomenudeo se decidió atacar dos frentes: la oferta y la demanda. Los resultados que se consiguieron son importantes”, sostuvo el secretario de Política Integral contra las Adicciones, Lucas Haurigot Posse. “En estos dos años no sólo hubo una persecución penal, sino también se buscó la atención de las personas que están en situación de consumo”, añadió.
La norma que persigue el microtráfico de droga cumple hoy dos años. Hubo que recorrer un largo camino para que finalmente entrara en vigencia. La historia dirá que en 2015 se aprobó el primer proyecto, pero fue suspendido por una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia por solicitud del ministro fiscal Edmundo Jiménez. A partir de 2019, cuando era vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo insistió con una nueva ley, pero no avanzó. En 2022, al hacerse cargo del Poder Ejecutivo, el dirigente tranqueño realizó varios acuerdos entre los tres poderes y desde el 30 de noviembre la Provincia se hizo cargo de la lucha contra este delito.
Los números reflejan que en estos dos años no hubo tregua contra este ilícito. En estos 24 meses fueron detenidas 2.504 personas, es decir, un promedio de más de 100 por mes. De ese número, en 2023 se detuvieron 1.080 acusados, mientras que este año fueron más de 1.400.
La cantidad de procedimientos realizados es todo un tema. Hubo un incremento del casi el 50% con respecto al año pasado, ya que en 2023 fueron 1.188 y en 2024, 1.731. Entonces, en los 24 meses se desarrollaron 2.929 procedimientos por esta ley, pero menos de la tercera parte fueron por investigaciones desarrolladas por la Justicia que llegaron a ser casi 1.100. En otras palabras, fueron decomisos y detenciones realizadas en flagrancias (venta callejera, por ejemplo) o porque la Policía encontró puntos de venta de droga investigando otros delitos (robos, amenazas y violencia de género, entre otros). Evidentemente, el fallo Gargiulo, histórico por haber cuestionado el accionar policial en un procedimiento, no es tenido en cuenta y es probable que la Provincia afronte una demanda millonaria. (Se informa por separado)
En 2023 la justicia ordinaria autorizó la realización de 586 procedimientos, mientras que este año fueron 489, es decir, casi 100 menos, lo que representa una disminución de casi el 20%. Para los especialistas, este es una señal que las dos Unidades Fiscales de Narcomenudeo que funcionan (una tiene ámbito en el Centro Judicial Capital únicamente y la otra atiende las causas de los tribunales de Concepción y Monteros) cuando podrían incorporar al menos dos más.
La Justicia se mostró implacable a la hora de sancionar este tipo de delito. El año pasado se dictaron 95 condenas por comercialización de drogas, mientras que hasta el 23 de noviembre de 2024 fueron 136. Eso no es todo: de esa cantidad de penas, sólo 34 fueron condicionales; las demás, de cumplimiento efectivo. A sólo dos de los sentenciados se les revocó la condicionalidad de la pena por haber reincidido.
Balance
“No tengo la menor duda de que la implementación de la ley de narcomenudeo marcó un antes y un después en la seguridad de la provincia”, aseguró el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Dib, que hasta noviembre de 2023 se desempeñó como jefe de la ex Brigada de Investigaciones. “No sólo disminuyeron los robos, sino también los homicidios porque la persecución penal en contra de los narcos ha disminuido la conflictividad en los barrios”, añadió. Las estadísticas le dan la razón. En lo que va del año se registraron 54 homicidios, 27 menos que los 81 reportados en 2023. De ese número, sólo dos fueron por cuestiones de droga en este 2024, mientras que el año pasado fueron 11.
Dib reconoció que bajo ningún aspecto se puede considerar que la lucha contra el narcomenudeo terminó. “Esto recién comienza y debería mantenerse así para siempre. Se perdió mucho tiempo y de a poco vamos recuperando los barrios que se perdieron”, comentó. “El gobernador Jaldo escucha nuestras opiniones y por ese motivo hay una permanente inversión destinadas a incorporar tecnología y recursos”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
El funcionario reconoció que el avance narco en la región los obliga a redoblar los esfuerzos. “Estamos reforzando los controles en las fronteras para evitar el ingreso de sustancias. Nadie puede negar que este es un delito que muta permanentemente, por ese motivo hay una capacitación permanente para estar atentos a lo que ocurre”, finalizó Dib.
Una red
“Con la aplicación de la ley de narcomenudeo hubo un rotundo cambio. No sólo porque el Estado pudo darles una respuesta a las madres que nos decían dónde vendían droga para sus hijos y no podíamos hacer nada”, aseguró Haurigot Posse. “Ahora estamos atacando los dos frentes. El área de Seguridad se encarga de perseguir a los que venden y nosotros asistir a las personas con problemas de adicciones”, indicó.
Antes de que se aplicara la norma, Tucumán contaba con seis Centros de Atención Primaria en Adicciones -Cepla- (143 Viviendas, Costanera, El Bosque, Villa Alem, Villa Angelina y Villa Luján). También existían una serie de fundaciones que trabajaban con los jóvenes con consumos problemáticos. “Lo que se hizo básicamente es organizar todo nuevamente y crear una especie de red de contención”, explicó el funcionario en una entrevista con LA GACETA.
Narcomenudeo: desarticularon un clan familiar que tenía un "quiosco" en Santa AnaEse plan consistió en organizar una red integrada por unas 70 organizaciones que, a instancias del ministro fiscal Jiménez se creó una Federación de Instituciones, que hoy cuenta con 25 ONG. Las restantes continúan trabajando, pero fuera de ese grupo. En un primer momento, el Gobierno entregaba subsidios para que les permitiera funcionar. Ahora, las entidades deben presentar un proyecto para recibir financiamiento por parte del MPF que utiliza fondos y bienes recuperados del delito.
La Secretaría amplió el número de Cepla como el caso del Cepla Niño y en el recientemente inaugurado en Amaicha del Valle. Además, se firmaron convenios con los municipios de Aguilares, Famaillá, Monteros, Concepción, Alberdi, Bella Vista, Simoca, Banda del Río Salí, Alderetes y Tafí Viejo. Estarían adelantadas las gestiones para que Yerba Buena y Las Talitas también tengan su espacio para atender las adicciones.
“Buscamos que las organizaciones intermedias u organizaciones barriales, cuando detecten un caso, nos derivan los casos para que comencemos a asistir a las personas y definir qué tipo de ayuda tendrán”, comentó el funcionario. “Pero al mismo tiempo, utilizamos a estas mismas organizaciones para que a través de talleres, deportes y educación sigan atendiendo a los que nos piden ayuda. Muchos de ellos hacen el tratamiento, pero cuando regresa al barrio y no tiene ninguna contención, vuelven a caer”, sostuvo Haurigot Posse.
Bella Vista: en recorridos preventivos demoran a una pareja por narcomenudeo y secuestran drogasEl funcionario explicó que desde el 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre pasado, sólo en los seis Cepla se recibieron 1.474 consultas y se realizaron 8.457 prestaciones. “Es un gran número que refleja que debemos seguir trabajando. Pero hay otras cuestiones que no están reflejadas en las estadísticas. Por ejemplo, una madre nos pide ayuda porque quiere celebrar el 15 a su hija. Inmediatamente convocamos a un taller o a una actividad para que se hagan 200 empanadas. Eso no sólo evitará que recurra al transa del barrio para pedirle ayuda, sino que además se crean o fortalecen lazos comunitarios que son fundamentales para evitar el avance narco”, finalizó.
Penalistas siguen debatiendo sobre la importancia de la aplicación de la ley
La aplicación de la ley de narcocumenudeo sigue generando el debate entre los penalistas tucumanos. “Fue un acierto por parte del Poder Ejecutivo. Primero porque logró descomprimir de causas a los tribunales federales para que puedan dedicarse a la investigación de causas más complejas. Es un acierto además el decomiso de bienes secuestrados en donde muchos de ellos se utilizan para el beneficio de la sociedad”, indicó Aníbal Paz. Su colega Agustina Lasquera opinó: “creo que fue un acierto por parte de los legisladores que observaron que los hechos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes presentaban ramificaciones que trascendían las fronteras jurisdiccionales o nacionales y que frecuentemente tenían capacidad para vulnerar el tejido institucional o para afectar la salud pública”. “En la práctica, los números son claros y sumamente optimistas en cuanto a las ventajas de esta nueva ley, que resulta posible por el compromiso del Estado y por contar con una institución que actúa de manera rápida y diligente como lo es el MPF. Creo que, de seguir así, con el tiempo veremos más beneficios”, finalizó. “Si bien se combate al delito, el más perseguido es el eslabón más fino. Se destinan recursos que podrían utilizar para perseguir y encerrar a los grandes jefes narcotráfico. Dictarle preventiva a los soldaditos, mulas y vendedores sólo sirve para agravar la crisis carcelaria”, opinó Marcelo Cosiansi.
Caso Gargiulo: un fallo ejemplificador abrió las puertas a una demanda millonaria
La confirmación que más de los 50% de los procedimientos realizados por la Policía no son originados por investigación por cuestiones de drogas llamó la atención a operadores judiciales. El antecedente del conocido Caso Gargiulo pareciera no haber sido suficiente. En diciembre de 2022, Ignacio Nicolás Gargiulo fue detenido por venta de estupefacientes. Fue sorprendido mientras se investigaba el robo de una moto registrada en Yerba Buena. En noviembre pasado, después de un intenso debate oral, la jueza Ana María Íacono lo encontró culpable y le aplicó una pena de cuatro años de prisión efectiva. Sus defensores, Patricio Char y Pablo Gargiulo, impugnaron la sentencia, asegurando que había groseras fallas en la investigación policial. Entre otros, plantearon la incongruencia en los horarios en que se realizó la pesquisa; las palabras de testigos desconocidos o que se falsearon algunos de sus datos; y las contradicciones en que recayeron los testigos de actuación, es decir las personas elegidas para controlar el procedimiento. El planteo fue analizado por el juez Carlos Caramuti, que le dio la razón y anuló la condena, ordenando que el sentenciado quedara en libertad. Ante esta resolución, el fiscal José Sanjuán pidió que este fallo sea revisado por la Corte. El vocal Daniel Posse, que actuó como preopinante, le dio la razón al magistrado con una larga batería de fundamentos. “La actuación policial sólo es realmente eficiente si se hace con el debido respeto por las garantías constitucionales. Si no, nos encontramos con atropellos de la institución que abriga conductas incompatibles con un Estado democrático y con un Estado constitucional y convencional de derecho”, sostuvo al rechazar el planteo del representante del Ministerio Público. Su postura fue acompañada por sus pares Daniel Leiva y Antonio Estofán. Según trascendió, el absuelto después de haber permanecido detenido durante un año y medio, inició una demanda civil contra los efectivos que habrían cometido las irregularidades. También estaría pensando en realizar una demanda millonaria contra el Estado por haber padecido toda esta situación.
Lanzaron en Santiago del Estero la Confederación de Prevención del NOA
El lema “La Droga es un Problema de Todos” se extendió a todo el NOA. La iniciativa que surgió desde el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, tuvo el acompañamiento de los poderes y de instituciones civiles, se materializó con el lanzamiento de la Confederación de Prevención del NOA. La actividad se realizó el jueves en el edificio del Ministerio de Educación de Santiago del Estero y contó con la presencia del padre Pepe Di Paola como principal orador. El párroco estuvo acompañado por el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, y por el ex subsecretario de Deportes de la Nación, Víctor Lupo, entre otros funcionarios provinciales, judiciales y delegados de las federaciones que luchan contra las adicciones en Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. “Es realmente muy valiosa esta actitud y compromiso del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, porque ya hace tiempo lo hemos vivido cuando fue la peregrinación de los Hogares de Cristo, con una gran convocatoria. No sólo son palabras, sino hechos porque es posible mejorar las cosas y cambiar lo malo por algo bueno”, dijo Di Paola. “Estamos unidos y que vamos a trabajar para compartir experiencias. Juntos somos más fuertes para transformar la realidad. Esta gente merece el mayor de los reconocimientos por la tarea heroica que realizan”, señaló Jiménez.