Desde que se conoció la dramática situación vivida por Gisèle Pelicot, que durante 10 años fue drogada y violada por su marido y por otros hombres invitados por este a participar en  las violaciones, el mundo entero se ha conmocionado. El lunes pasado, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el caso de esta mujer pequeña, de 72 años y que puso claramente de manifiesto que “la vergüenza cambió de bando”, ha sido expuesto como una encrucijada para un cambio de paradigma. “Ella hace del martirio que experimentó un momento histórico y dedica su lucha a todas las mujeres y hombres del mundo que han sido víctimas de violencia sexual”, dijo una periodista de“Vogue”.

La historia tiene ribetes de escándalo que han concitado la atención mundial.  Vivió 50 años con el hombre con el que tuvo tres hijos y nietos, considerado padre y abuelo ejemplar, el cual la drogó regularmente durante 10 años, la violó y, mientras estaba inconsciente, la entregó a otros hombres. Cincuenta de ellos están siendo juzgados y han sido calificados como “hombres comunes” que no consideraban estar cometiendo un delito. Ella supo lo que sucedía cuando su marido, Dominique, fue detenido por realizar grabaciones obscenas en público y luego se hallaron las filmaciones que había hecho para documentar la depredación sexual a que la había sometido.

El horror de su experiencia puso de relieve la urgencia de abordar la violencia contra las mujeres, la “sumisión química”  y la necesidad de hablar del consentimiento para tener relaciones sexuales, incluso dentro del matrimonio. Por otra parte, se visibilizó la falta de conciencia de los acusados de la dimensión de la agresión en la que participaban.

En este sentido, las distintas sociedades tienen que visualizar las tendencias que las están marcando. En nuestro medio, precisamente, se han destacado el lunes pasado las inquietudes que hay con respecto al cambio de paradigma que se opera desde el Gobierno nacional, con el cierre de oficinas y áreas dedicadas a esta problemática. En lo que hace a Tucumán, los mismos funcionarios reconocen que hay una situación preocupante. A fines del año pasado se informaba  que, por día se firmaban hasta 27 medidas de protección y que en el 50% de los casos se quebraban las restricciones, que las comisarías y las penitenciarías estaban atiborradas de detenidos por estas causas; y en junio se dijo que había 1.500 policías dedicados a custodias por violencia de género. En lo que va del año se contabilizan seis femicidios en nuestra provincia. Además, las capacitaciones en la Ley Micaela, obligadas para toda la administración pública, han sido esporádicas y no se conoce efectivamente qué resultado han tenido.

Así las cosas, el caso Pelicot obliga a replantear la “complicidad cultural” en la perpetuación de estas violencias a través del mundo digital. Por otro lado, rompe el silencio que ha protegido más a los abusadores que a las víctimas y obliga a una reflexión sobre el funcionamiento del sistema. La vergüenza no puede recaer en quienes sufren el abuso.