En el marco de la reestructuración de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplaza a la antigua AFIP, la Dirección General Impositiva (DGI), bajo la dirección de Andrés Vázquez, ha intensificado la investigación sobre Tabacalera Sarandí y su dueño, el empresario Pablo Otero, llamado "el señor del Tabaco", en un caso de evasión fiscal que aún atraviesa instancias judiciales.

Según el sitio Infobae, fuentes de la investigación señalaron que el monto adeudado por la empresa asciende a aproximadamente $200.000 millones entre marzo de 2018 y mediados de este año. En términos dolarizados, esto equivale a alrededor de U$S 1.300 millones, según las cotizaciones promedio de esos años. 

Las mismas fuentes aclararon que esta cifra sigue creciendo diariamente debido a los amparos judiciales en curso. "Es una cifra enorme, pero lo que importa es que sigue aumentando. Lo fundamental es destapar los delitos y la evasión", señalaron en el Gobierno nacional.

Vázquez asumió el cargo el 26 de octubre y, desde su llegada, implementó una serie de cambios internos en la DGI para fortalecer la investigación contra la tabacalera de Otero, considerada uno de los mayores desafíos de la nueva gestión. Como parte de esos ajustes, fueron desplazados varios funcionarios clave, entre ellos Leonardo Arizmendi, quien controlaba a los grandes contribuyentes nacionales; Adrián Facchin, director de Control; Pablo Meléndez, ex jefe de división; y Gustavo Pandazi, ex supervisor.

En su lugar, Vázquez designó a dos hombres de su confianza con amplia experiencia en el organismo: Marcelo Lafont asumió como Subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, reemplazando a Arizmendi; y Claudio Castagnola fue nombrado en el lugar de Facchin.

En ARCA aseguran que estos cambios han puesto nervioso a Otero. Como evidencia de ello, mencionaron una entrevista reciente en la que el empresario habló durante 45 minutos en una radio, algo que no había hecho antes.

El caso sigue en desarrollo, y desde la nueva administración de la DGI se mantiene firme el objetivo de continuar con la investigación y sancionar las prácticas de evasión fiscal que involucran a la tabacalera de Otero.

Parte de la deuda de Tabacalera Sarandí está judicializada y hay una serie de amparos que demoran la resolución del caso, mientras se discute, por pedido de Otero, la constitucionalidad del Impuesto Interno, el esquema fiscal que rige para el sector del tabaco y otros.

La deuda se generó entre 2018 y 2023, por el incumplimiento del pago de ese tributo. Desde ARCA -que sigue comandada por Florencia Mizrahi- explicaron que el expendio de cigarrillos, cigarros, cigarritos y otras manufacturas de tabaco se encuentra alcanzado por ese gravamen, que incide en una sola etapa de la circulación del producto. “Se considera expendio a la primera transferencia a cualquier título, entendiéndose como tal a la salida de fábrica o depósito fiscal, en el caso de productos nacionales o importados”, señalan desde el organismo.

No se trata de un caso menor, ya que se estima que Tabacalera Sarandí vende 40 millones de atados de cigarrillos al mes, además de haber ganado una importante porción del mercado tabacalero en virtud de su controversial situación impositiva. Su principal marca es Red Point.