La decisión del presidente, Javier Milei, de disolver el Plan Procrear y de habilitar un nuevo sistema de hipotecas divisibles genera expectativas en el sector privado de Tucumán. “Esto favorece lo que es el acceso a la vivienda, por supuesto, y por otro lado motoriza la economía, porque lo que impacta en este mercado se extiende por su efecto multiplicador”, analizó Romina Gordillo, flamante presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán (CCIT), en diálogo con LA GACETA.

El decreto presidencial 1.018/24 establece la eliminación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), que había sido creado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

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El instrumento habilita al Ministerio de Economía a llevar adelante los actos necesarios para la liquidación de ese fideicomiso, y a la vez establece distintas pautas en cuanto a los emprendimientos proyectados a través del Banco Hipotecario, agente fiduciario del programa habitacional. Además faculta a la cartera encabezada por Luis Caputo a acordar la transferencia “de inmuebles o unidades” a provincias, a municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

En paralelo, a través del decreto 1.017/24, Milei puso en marcha un régimen de hipotecas divisibles, una herramienta que se complementa con medidas para fomentar la utilización del derecho de superficie. “Esto es inédito en el país”, señaló Gordillo.

Con escritura

La titular del CCIT recordó que, según lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de las Nación, las hipotecas se deben establecer sobre un inmueble con escritura. “Lo que hace este derecho es incorporar las hipotecas divisibles en proyectos inmobiliarios que estén en desarrollo, algo que no existía”, señaló la representante de los corredores inmobiliarios.

A su entender, la finalidad de esta disposición es favorecer el acceso a la vivienda. “Las personas podrán tener un plazo mayor en cuanto al pago de esa vivienda. Antes se podía hacer mediante un boleto de compraventa, por ejemplo; pero la cantidad de cuotas eran acotadas, fijándose por lo general a la culminación del proyecto”, indicó. Así, los plazos quedaban en un rango de 24 a 36 meses. “Esta nueva forma lo que hace es extender esos plazos. ¿Por qué? Porque el desarrollista puede entregar el inmueble, que le sigan adeudando y todavía no tener escritura”, graficó. En el sector se espera que, con la participación de entidades financieras, se alcancen unos 10 años para la cancelación de la hipoteca.

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Gordillo analizó que también será importante el derecho de superficie, que podrá ser utilizado al igual que la hipoteca divisible y, según las expectativas, favorecerá el financiamiento de los desarrollos inmobiliarios. “Pensemos que un desarrollista inmobiliario tiene un terreno y un proyecto que está preaprobado, pero lo único que puede hipotecar hoy es el terreno, que tiene un valor acotado. En cambio, la posibilidad de hipotecar el derecho de superficie es multiplicador en cuanto a los valores que puede tomar el desarrollista, porque se puede hipotecar lo que se está por construir”, añadió. 

La profesional aclaró sin embargo que todo esto estará sujeto a ciertas condiciones, además de que todavía está en marcha el proceso administrativo que determinará cómo se aplicarán estas nuevas disposiciones. “Pero sí se ve desde el sector inmobiliario que va a ser algo positivo”, añadió Gordillo