La Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II que dirige Carlos Saltor procesó a 10 personas, acusadas de haber usurpado parte del terreno de un vecino, ubicado en avenida Perón al 300, en Yerba Buena.

La investigación comenzó el pasado 8 de octubre, luego de que L.S.B, el dueño de un terreno situado en avenida Presidente Perón y República de Líbano, denunciara en tres oportunidades que un grupo de personas que vivía en lotes próximo a su propiedad habían ocupado parte de su tierra para construir en ella.

En su declaración, contó que la primera irregularidad que notó fue el 24 de junio cuando al llegar al terreno advirtió que alguien estaba dentro del inmueble realizando una construcción de mampostería y que al parecer llevaba dos o tres días de trabajo. “Dijo que se acercó a la propiedad y que encontró a personas desconocidas que lo obligaron a retirarse por temor a que le generen algún mal”, informó la auxiliar de fiscal, Jessie Luz García.

L.S.B, se acercó a la comisaría de San José para denunciar lo sucedido y en los días posteriores el personal policial comenzó con la pesquisa, realizando un relevamiento e informes fotográficos. Semanas después, el 9 de septiembre, el hombre volvió a presentarse en la dependencia policial para alertar que la primera usurpación no sólo continuaba, sino que otro grupo de vecinos había comenzado otra construcción en su propiedad.

Un mes después, L.S.B, denunció una nueva intromisión ilegal luego de divisar a un grupo de personas, que viven en una casa que da con la punta de su terreno, removiendo tierra del suyo.

En búsqueda de una solución, el damnificado presentó en la Policía y en el Ministerio Público Fiscal una serie de documentos, escrituras y matrículas en los cuales acreditaba que la propiedad es suya. “L.S.B manifestó que compró el terreno en 2012 y que tiene un proyecto de obra en edificación aprobado por la Municipalidad de Yerba Buena. Dijo que no edificó por un tema personal y que ponía carteles de venta, pero que a los días los mismos vecinos los sacaban a esos carteles. Dijo que su terreno no estaba delimitado pero que tiene conexión de agua y luz y que mandaba gente a limpiar el predio y a cortar el pasto”, sostuvo García.

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En una audiencia realizada ayer, la representante del MPF acusó a Gustavo Soria, Lorena Gómez, Romina Frías, David Bautista Flores, Nancy Fuelle, Javier Bautista Flores, Patricia Leguizamón, Maximiliano Ríos González, Esther Sánchez y Celeste Velárdez de ser coautores del delito de usurpación por despojo mediante clandestinidad.

Entre las evidencias recolectadas hasta el momento, la investigadora mencionó fotografías, relevamientos planimétricos, imágenes satelitales tomadas de Google Maps en las que consta que en 2023 no había edificaciones en el terreno de L.S.B, y declaraciones de vecinos de la zona donde identificaron a los imputados y a su accionar. Luego de exponer la teoría del caso de la Unidad Fiscal solicitó la restitución del inmueble y que los procesados fueran sometidos a medidas de menor intensidad por seis meses para cautelar la causa.

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Los imputados desconocieron los hechos por los que fueron acusados y sostuvieron que viven allí hace varios años, algunos hace más de 30 años y otros hace una década o menos.

Legítimos poseedores

Sus abogados defensores, Mónica Beatriz López, Clemente Turbay y Gabriela González acompañaron sus dichos y se opusieron a la formulación de cargos alegando que son legítimos poseedores del lugar en el que viven. “Existe un expediente en la Legislatura en donde se encontraba en trámite una autorización a La Caja Popular de Ahorros para transferir el título gratuito a los actuales ocupantes un inmueble de su propiedad, destinado a la regularización, erradicación construcción y/o consolidación de los asentamientos o barrios de emergencia”, dijo López. González, también introdujo el estudio de un ingeniero agrimensor en el que constaría que “nada de lo que está construido por ellos está en la propiedad de L.S.B. Mis defendidos están al margen de la propiedad de L.S.B, por lo que no tendrían por qué estar en este proceso”, argumentó.

Finalmente el juez Guido Cattáneo, resolvió hacer lugar a la formulación de cargos por parte del MPF y a las medidas de coerción de menor intensidad y se opuso momentáneamente a la restitución del inmueble.