El conflicto por la obra del barrio Procrear II de Tucumán, paralizada hace un año con un avance del 15%, llegó a un punto de máxima tensión.
Representantes de una veintena de empresas nucleadas en la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) se reunieron este lunes en la sede de San Martín al 400 para analizar los pasos a seguir, tras la notificación del Banco Hipotecario -agente fiduciario del proyecto habitacional- sobre una nueva prórroga de 90 días en la suspensión de los trabajos, una medida dispuesta con el visto bueno de la Nación.
“Hubo una decisión unánime. En primera instancia, se ha fijado un plazo hasta el 20 de noviembre para que el Banco Hipotecario se haga cargo del predio. Además, se van a enviar cartas documento para solicitar la rescisión de los contratos. Y si no hay respuesta, se llevará a cabo una rescisión unilateral, algo que está previsto en el pliego”, explicó el titular de la CTC, Jorge Garber, a LA GACETA.
Con esto, las empresas abandonarán la custodia del terreno, que tiene unas 100 hectáreas. Allí, en 2022, la Nación había anunciado la construcción de más de 3.100 viviendas de diferentes tipologías. El plazo del proyecto era de 14 meses. Y si bien tuvo inicio en julio de 2023, para noviembre siguiente ya se hablaba de una paralización total de los trabajos por falta de fondos, aunque solo se había ejecutado -de forma parcial- la primera etapa de las tareas de infraestructura.
Incertidumbre
La decisión de la CTC se produce en un momento de incertidumbre a nivel nacional por la continuidad del Plan Procrear, lanzado en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y relanzado durante la gestión de Alberto Fernández.
Tras la suspensión de las obras enmarcadas en este programa en todo el país, las versiones indican que la decisión del presidente Javier Milei es cerrar el fondo fiduciario y eliminar el Procrear. Si bien no hay confirmaciones oficiales aún al respecto, se habla de distintas alternativas, como la posible subasta de los inmuebles -sean lotes o viviendas-, aunque no se descarta la transferencia a las provincias, tal como sucedió a mediados de año con proyectos viales y otras obras públicas de jurisdicción federal.
En el caso de Tucumán, la situación del Procrear II -ubicado en la zona sur de la Capital- arrastra varios meses de incertidumbre. Incluso, aunque se trata de una inversión ajena a la competencia provincial, fuentes de la Casa de Gobierno confirmaron que la cuestión está en la agenda del gobernador Osvaldo Jaldo.
Los empresarios comenzaron a reportar la falta de pago de los certificados de avance de obra en el último trimestre de gestión de Fernández. El problema se agudizó tras el cambio de gobierno, explicaron en la CTC, con el agravante de que, además, las contratistas quedaron a cargo de la vigilancia del enorme terreno.
En los primeros días de noviembre, las constructoras recibieron una notificación del Banco Hipotecario sobre la prórroga en la suspensión de los trabajos, en medio de denuncias por actos de vandalismo y de la preocupación por potenciales intentos de usurpación.
La semana pasada, Garber viajó a Buenos Aires para mantener reuniones con representantes del agente financiero, pero no hubo respuestas favorables, explicó el empresario a este diario. Por eso, los asociados a la Cámara se reunieron para acordar la estrategia conjunta.
Con los abogados de la entidad abocados a estudiar el caso, el próximo paso será el envío de las cartas documento al Banco Hipotecario. En la CTC tienen el antecedente de la falta de respuesta a la última misiva, remitida en agosto pasado, producto de la anterior suspensión de los plazos. Así, en caso de que no se pueda acordar la rescisión de los contratos con la veintena de firmas adjudicatarias, se avanzará con la ruptura unilateral, algo que derivaría en litigios de extensa tramitación ante los tribunales.
Entre otros puntos, las empresas exigen el pago de certificados de obra y otros ítems -como lucro cesante y gastos de custodia del predio- por un monto que se estima entre $4.000 y $5.000 millones. Sin embargo, las cifras oficiales que reclamarán las constructoras serán calculadas luego de la intervención de los peritos. Mientras tanto, la idea de la CTC es convocar al Banco Hipotecario para el 20 de noviembre y dejar constancia -con la participación de un escribano público- de la situación en que dejan el emprendimiento habitacional.