Los gobernadores están que trinan. La decisión del santiagueño Gerardo Zamora de cortarse solo y marcar la cancha al resto de los distritos con sus anuncios millonarios, puso al resto de los mandatarios en una situación más que difícil, en medio de los reclamos de los empleados públicos para recomponer el salario, tras un año que arrancó con una fuerte depreciación, pero que se fue mitigando en lo que va de la segunda mitad de 2024. La gestión de Zamora hizo depositar ayer la primera de las tres cuotas de un bono extraordinario que su gobierno les abonará a los estatales de esa provincia y que, en su totalidad, asciende a $1,3 millón por agente de la administración pública. Una cifra de tal magnitud y por un concepto similar sólo es percibido, por ejemplo, por un empleado bancario, pero no por la generalidad de los trabajadores.

Detrás de la decisión del santiagueño hay varios fundamentos. La primera es que esa provincia tiene los recursos suficientes para afrontar tal gasto, ya que el salario registrado público es uno de los más bajos de la Argentina. Asimismo, la dotación de trabajadores representa aproximadamente un tercio, por ejemplo, de la que cuenta Tucumán. Zamora ordenó ayer el depósito de la primera cuota de la ayuda extra, de unos $ 500.000, un monto que bien puede ser el equivalente a un salario neto de un trabajador estatal tucumano.

El segundo fundamento es de carácter estrictamente político. En medio de la puja de poder, Zamora se diferencia del ajuste que se instrumenta a través de la “motosierra” del presidente Javier Milei, y más allá de que haya sido uno de los firmantes del Pacto de Mayo. El santiagueño es afín a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, con el allanamiento del camino para que ella conduzca el Partido Justicialista, la alianza con el radical seguirá fortaleciéndose. Zamora transcurre su cuarto mandato como gobernador de Santiago del Estero, subido a la plataforma de su Frente Cívico. En el último turno electoral obtuvo poco más del 63% de los votos y el año que viene los santiagueños volverán al cuarto oscuro para definir quién lo sucederá. Esa es una nebulosa dentro del oficialismo de la vecina provincia. Algunos sostienen que les llegó el turno a algunos de los hermanos Neder, de extracción justicialista, pero leales a Zamora. Otros, en cambio, indican que el “trono” quedará dentro de la familia. En el medio está la embestida de La Libertad Avanza, que hace algunas semanas, con Karina Milei al frente, desembarcó en territorio santiagueño en una de sus primeras incursiones en el interior del país.

Cumbres institucionales y políticas

Santiago del Estero será el epicentro de otras cumbres institucionales y políticas. El Encuentro “BID Investment: oportunidades de financiamiento para el sector privado del Norte Grande Argentino” convocará a una decena de mandatarios de esta región del país, además de otras personalidades políticas y diplomáticas, y hasta empresarios de cada una de las jurisdicciones participantes. Será este viernes en la capital de la vecina provincia. Entre otros asistentes se destacan el canciller argentino Gerardo Werthein; el presidente del Bid Invest, James Scriven y la representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart. Si está Werthein no hay que descartar la presencia del senador por Tucumán Juan Manzur. El ex gobernador cosecha una estrecha amistad con el flamante canciller. A tal punto que se ha mencionado la posibilidad de que pueda convertirse en embajador de dos destinos importantes en el planeta: Estados Unidos o Israel. Manzur tiene contactos en ambos países. Está la posibilidad abierta, aunque todavía todo en el terreno de la especulación. Si el sanitarista aceptara esa misión, en la lista de postulantes a la Cámara Alta que, en 2021, presentó Unión por la Patria figura Sara Assan como suplente.

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Jaldo, mientras tanto, tiene previsto viajar mañana a tierras santiagueñas y es probable que mantenga reuniones con otros gobernadores dialoguistas, como el caso del salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño, Raúl Jalil, y el misionero Hugo Passallaqua, entre otros. Todos ellos compartirían una cena en la que, además de la cuestión política, también lo fiscal será parte de la charla.

El mandatario tucumano ha dado instrucciones a su equipo económico para arrancar las discusiones salariales a partir del 20 de este mes. Calcula que en esas dos semanas ya habrá una proyección del cierre del año y, por lo tanto, un indicio acerca de alguna propuesta que el Poder Ejecutivo pueda elevar a los gremios estatales.

Los datos actualizados muestran que el esfuerzo fiscal que debe hacer la Provincia no es el mismo que hace seis meses. La planilla salarial hoy ronda los $ 133.000 millones y la cantidad de salarios que se liquidan rozan los 138.500 casos, tomando en consideración la dotación de obreros municipales y de comunas rurales. “No vamos a poner en juego el equilibrio fiscal”, repite Jaldo cuando se le consulta acerca de cuál será la probable oferta que les hará el Estado provincial a los sindicalistas.

El proyecto de Presupuesto para 2025 viene con esa orientación de restricciones. El superávit proyectado es mínimo y la tentación a gastar es grande. Sin embargo, la iniciativa puso varias cláusulas para que ninguna repartición tome, por iniciativa propia, la decisión de incrementar la dotación. Como la que se estableció en el artículo 21 del proyecto de Presupuesto. “Las autorizaciones para gastar aprobadas por el Presupuesto General de la Provincia en las partidas específicas a las que se imputan los gastos en personal de los tres poderes del Estado, tengan o no carácter remunerativo, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, serán distribuidas analíticamente por sus autoridades naturales”, puntualiza. Y acota: “esa distribución analítica consignará las remuneraciones por concepto mensual y costo anual que le corresponde a su personal, quedando prohibido el pago de conceptos no incluidos en la misma. Abarca la totalidad de la planta del sector Público Provincial establecido en el Art. 7 inc. a) de la Ley 6.970, y los entes autárquicos”. Por si esto fuera poco, hasta establece algunas sanciones en caso de incumplimiento. “El funcionario que autorice o disponga el pago de cualquier retribución contraviniendo lo dispuesto precedentemente, incurrirá en responsabilidad personal. La modificación de alguna de las remuneraciones dispuestas, quedará supeditada a la aprobación de la distribución presupuestaria analítica mencionada en este artículo, sin cuyo dictado carece de eficacia”, resalta.

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El ajuste que no se ve también ha llegado al control de los plazos fijos de varias reparticiones. Incluso, en los últimos días se vio a varios ministros y a cabezas institucionales de organismos descentralizados caminando por la sede de 25 de Mayo y San Martín con rostros de preocupación ante la decisión oficial de avanzar sobre los excedentes financieros. ¿Qué pasó? El Ministerio de Economía solicitó informes sobre su uso, ya que varios de ellos los mantenían atesorados, aunque no dejaban de pedir partidas para atender los gastos corrientes.

A partir de ahora, la situación se modificó. Los excedentes deben ser usados y, si se los sostienen, no hay posibilidades de pedir más plata que la que le corresponde presupuestariamente a la Casa de Gobierno. El tiempo de las restricciones financieras se prolongó.