El Superior Gobierno de la Provincia, a través de la fiscala de Estado Gilda Pedicone de Valls, le pidió a la Justicia que ordene la remoción y/o demolición de todas las construcciones y obras realizadas en tierras fiscales, incluyendo viviendas, edificaciones de cualquier tipo, emprendimientos o instalaciones como así también cualquier otro tipo de actividad incompatible con el área natural protegida cuya supervivencia se defiende.
Para los especialistas, la representante de la Provincia se inclinó por una medida cautelar para lograr una respuesta mucho más veloz que iniciar una demanda penal, lo que no significa que un futuro se denuncie a los usurpadores.
Pedicone de Valls argumentó su presentación afirmando que “Tucumán se encuentra legitimada para iniciar la presente acción, en mérito al marco jurídico ambiental vigente y en particular, por el riesgo certero de grave daño ambiental y el incumplimiento de toda la normativa tendiente a la protección ambiental que regula las áreas naturales protegidas vigente en nuestro territorio”
Incompatible
En otra parte del escrito, la fiscal de Estado remarcó: “la construcción de viviendas y de loteos es incompatible con las áreas naturales protegidas, ya que estas zonas están destinadas a la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales y el mantenimiento de servicios ecosistémicos fundamentales. La presencia de asentamientos humanos permanentes y la fragmentación del territorio generada por loteos alteran significativamente el equilibrio ecológico, impactando negativamente en la flora y fauna”.
Cómo es la venta de tierras fiscales en El Mollar“Las actividades de urbanización, construcción y parcelamiento traen aparejados múltiples impactos, como la pérdida de hábitats, la introducción de especies exóticas, la contaminación del suelo y del agua, y el aumento de la erosión. Además, los servicios e infraestructuras necesarios para la habitabilidad, como caminos, redes de energía, agua y saneamiento, demandan una transformación del paisaje que es contraria a los objetivos de conservación”, argumentó.