El ajuste en materia de obras públicas que aplicó la gestión libertaria mantiene en alerta a empresarios del noroeste argentino (NOA), que esta semana se reunieron en Tucumán para exigir la reactivación de los proyectos adjudicados por la Nación. Y uno de los puntos clave del reclamo de las constructoras pasa por la deuda que acumula el Gobierno federal con decenas de firmas de la región.

El cese en el envío de recursos comenzó durante los últimos meses de la administración de Alberto Fernández (PJ), cuando la Nación dejó de cubrir los certificados de avance de obra estipulados por contrato.

Sin embargo, según los empresarios, esta situación se agravó a partir de las medidas de reducción del gasto público dispuestas por el presidente, Javier Milei (La Libertad Avanza).

En el encuentro del jueves, los miembros de la Federación de Constructoras del NOA (Fcnoa), entidad que nuclea a unas 150 firmas de la región, aseguraron que los distritos del interior se asemejan a un “cementerio de concreto”, debido a los trabajos que permanecen suspendidos hace meses, con los plazos neutralizados desde lo administrativo y expuestos a las inclemencias climáticas y al vandalismo.

Y uno de los factores que complica el reinicio de las tareas es precisamente la deuda que acumula el Gobierno nacional con el sector privado.

Si bien no existe un documento que detalle el monto actualizado de dichos compromisos, a qué proyectos y a qué provincia del NOA corresponde, en la federación estiman que rondaría los $12.000 millones “a valores de origen”; es decir, sin actualizar con la redeterminación de precios para cada caso.

Uno de los aspectos que advierten las constructoras es que esta situación se presenta en los distintos programas de obras nacionales, como viviendas (“Casa Propia” y Procrear), agua y cloacas (a cargo del Enohsa, organismo recientemente suprimido por la Nación) y rutas y autopistas (bajo la órbita de la Dirección Vialidad Nacional).

"Crisis sin precedente": constructores del NOA objetaron las políticas de Milei en obra pública

El proyecto de ley del Presupuesto 2025 de la Nación, que expuso el jefe de Estado en el Congreso de la Nación, tampoco contiene datos alentadores para los empresarios del sector de la construcción. Si bien la previsión de recursos y erogaciones para el próximo ejercicio incluye algunos trabajos considerados prioritarios o estratégicos por la Casa Rosada para los distritos de la región, la gestión de Milei sostiene el criterio de que las obras públicas deben ser afrontadas con los fondos de cada Gobierno local, dado que una de las metas principales es sostener el déficit cero en las arcas federales para -entre otros objetivos- evitar la emisión de pesos y reducir la inflación.

De hecho, a mediados de este año la Casa Rosada avanzó con convenios marco con las provincias para transferir las obras que había iniciado la gestión peronista, aunque con el compromiso de enviar fondos para que los distritos puedan hacer frente a la reanudación de los proyectos.

Movimientos

Este sistema permitió que se observen algunos movimientos en el sector. En Tucumán, por ejemplo, el Poder Ejecutivo (PE) asumió los desembolsos en infraestructura para rubros como seguridad (la cárcel de Benjamín Paz, por ejemplo, podría ser habilitada antes de fin de año) y obras viales (el foco está puesto en los dos tramos de la ruta 307, que recorre los valles calchaquíes). En ese sentido, uno de los interrogantes que mantienen los empresarios del NOA es hasta qué punto las provincias podrán mantener las erogaciones, teniendo en cuenta que el ritmo de los giros por parte de la Nación no se está dando en los tiempos que esperaban.

Por ello, las constructoras de la región se reunieron este jueves en Tucumán y emitieron un documento que advierte sobre la “crisis sin precedentes” que afronta el sector. Entre otros argumentos, señalaron que el recorte de la Nación en materia de obras públicas tuvo un duro impacto no sólo para las empresas, sino también para los trabajadores, ya que en el último año se perdieron unos 20.000 empleos directos en el rubro de la construcción (unos 7.000 en Tucumán). “Esto ha impulsado un incremento en el trabajo informal y ha acentuado la precariedad laboral en muchas provincias. La industria de la construcción, que suele ser una de las principales generadoras de empleo en Argentina, ha visto cómo sus cifras de ocupación se desploman”, detallaron los miembros de la federación. Y añadieron que los principales afectados por esta crisis son las pequeñas y medianas empresas del sector. “Muchas de ellas dependen en gran medida de los contratos con el Estado para poder sostenerse, y ahora enfrentan un escenario de cierre o reducción de personal. La falta de acceso a crédito, sumada a la alta inflación y a los costos crecientes de los insumos, agravan aún más la situación, haciendo prácticamente imposible la subsistencia de muchas compañías”, enfatizaron.