Al citricultor Juan Zamora, acusado del robo de agua, se le vence hoy la orden de regresar a la provincia. Sus allegados le dijeron a LA GACETA que cumplirá con el pedido y se presentará ante las autoridades después de haberse ausentado por cuestiones estrictamente laborales.

El 24 de septiembre, la Sociedad Aguas del Tucumán descubrió una conexión clandestina del acueducto que lleva agua del río Las Piedras a la cisterna de Lomas de Imbaud. Personal de la SAT estableció que el líquido era transportado hasta una laguna artificial que se había construido en la finca del acusado.

La fiscala María del Carmen Reuter pidió que se lo acusara de robo agravado, con el apoyo de los querellantes Valeria Abdo y Walter Ojeda y el rechazo de los defensores. El juez Federico Moeykens terminó acusándolo de robo simple. También ordenó que el acusado regrese al país y que a partir de ahora sólo podría viajar al exterior si contaba con autorización judicial.

Un giro

“Quiero destacar que cuando adquirí la finca en 2009 (NdelaR: informó que el número de la escritura es 61 y fue anotada en el Registro 17) ya existía un suministro de agua para la casa de los caseros, conectada a un caño de dos pulgadas (cinco centímetros de diámetro)”, explicó en la nota enviada a nuestro diario. “En ese momento, desconocemos el origen de ese caño. Recientemente se determinó que estaba conectado a un caño de la SAT de 25 centímetros de diámetro y que va desde la toma del arroyo Las Piedras, hasta la planta de Lomas de Imbaud”, añadió en el documento.

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Sus afirmaciones generaron un cambio en el expediente. Los investigadores al mando de la fiscala Reuter, al analizar la conexión clandestina, no sólo sospechan que fue realizada por mano de obra especializada, sino que además podrían haber contado con información importante para saber cómo, cuándo y dónde realizarla.

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Los defensores Camilo Atim y Alfredo Falú también sostienen que se debe analizar la antigüedad de los caños que llevaban el agua a la laguna artificial. Su postura es que con eso no sólo se demostrará que la conexión es anterior a la compra de terrenos, sino que además habría sido realizada por personal de la ex Dipos para poder brindar el suministro de agua a los habitantes de la zona.

La fiscalía ya habría enviado oficios a varias universidades para determinar si cuentan entre sus filas a un profesional que pueda realizar esta pericia.