Si bien el bloque Justicialista cuenta con 34 de las 49 bancas en la Legislatura, el Gobierno busca que el DNU 5/3 por la compra de 100 colectivos se ratifique con el mayor aval posible. Por este motivo el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, fue invitado ayer a la reunión de Labor Parlamentaria y así atender las inquietudes de la oposición. Y aunque el funcionario aclaró que se emitirá un decreto reglamentario con las bases y condiciones de la adquisición y que habrá una apertura de sobres pública con las propuestas, hay legisladores que afirman que la visita les dejó más dudas que certezas.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, anunció que el decreto de necesidad y urgencia que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo con su Gabinete será el tema principal de la próxima sesión legislativa, fijada para el miércoles 16 de octubre a las 8.30. Por este motivo convocó al ministro a la sala del octavo piso, donde enfrentó las dudas de los legisladores y luego dialogó con la prensa.

Abad comentó que las principales inquietudes pasaron por el hecho de haber anunciado la adquisición de los coches a través de un DNU, en el marco de la Emergencia del Servicio de Transporte (9.773), para servicios interurbanos y rurales de la Provincia. “Explicamos que la necesidad es por la crisis que pasa el transporte público. En esta semana está saliendo un decreto reglamentario, que hace las veces de pliego con las bases y condiciones generales”, dijo.

El ministro explicó, además, que se está elaborando un pliego particular para invitar a todas las empresas que comercialicen coches para transporte de pasajeros a participar del cotejo de precios. Añadió que se invitó a los integrantes de la Legislatura para el día de la apertura de los sobres -ante escribano público- para garantizar la transparencia de la adquisición, aunque aclaró que dicho acto todavía no tiene establecida una fecha. “Va a ser una compra directa sui géneris, digamos, con un cotejo de precios muy parecido a una licitación pública”, afirmó.

“No es un regalo”

El titular de Economía y Producción dejó entrever que una de las consultas de la oposición habría sido por qué la Provincia invierte en colectivos y no en aires acondicionados para las escuelas. “Tiene que ver con las prioridades. Viajan diariamente 600.000 personas en el colectivo. Lo que hacemos es comprar y poner a disposición, pero no es gratis. Las empresas van a tener que adquirir los colectivos y lo van a pagar como cualquier hijo de vecino”, expuso. Agregó que los coches van a tener prenda y que los dineros saldrán de las compensaciones tarifarias que aporta la Provincia (unos $3.000 millones mensuales), además de las inversiones que puedan hacer los empresarios.

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Por último, Abad señaló que no se llamó a una licitación pública para acortar los tiempos. Señaló que la adquisición de los ómnibus se realizará por tandas, al tiempo que indicó que la inversión rondaría los $16.000 millones. “Reitero que es una inversión que después la terminan pagando las empresas de transporte. No es un regalo, no es un gasto de la Provincia”, cerró.

La Constitución establece en su artículo 101 que el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, excepto “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes (...), podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.

La determinación de un DNU, que no permite modificaciones, fue criticada desde el inicio por la mayoría de las bancas opositoras. También porque se propone un cotejo de precios en vez de una licitación pública, al igual que el hecho de que el Estado intervenga para adquirir vehículos para empresas que son del sector privado.

Los legisladores Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) y José Seleme (Valores para Tucumán) presentaron proyectos de ley en rechazo del DNU, con alternativas para la adquisición de los vehículos. También fijaron reproches o dudas respecto a las formas Silvia Elías de Pérez, Claudio Viña, Ricardo Bussi, Eduardo Verón Guerra, José Macome y Agustín Romano Norri. En tanto que respaldaron la determinación el alfarista Alfredo Toscano (vicepresidente segundo) y el peronista Gerónimo Vargas Aignasse.

De bajo impacto

Romano Norri sostuvo su postura crítica tras la visita de Abad. “Entendemos que hay una extralimitación en lo que son las facultades de la ley de emergencia; da la posibilidad de subsidiar empresas, no de comprarle colectivos”, dijo. Además, consideró que “es discriminatorio con los vecinos de la Capital” que esos 100 coches se incorporen sólo a las 56 líneas interurbanas o rurales y no a las 14 urbanas. Por último, opinó que no generará impacto en la calidad ya que un centenar de coches representa menos del 17% de los servicios no urbanos. “La gran mayoría de esas empresas no tienen concesión ni papeles al día. Seguramente a través de un decreto van a terminar dándoles los ómnibus a Aetat para que se las dé a las empresas”, cerró.

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Otros parlamentarios que participaron de la reunión comentaron fuera de micrófono que las explicaciones de Abad no los convencieron. “Ha dejado más dudas que certezas”, afirmaron. Reprocharon el hecho de que el DNU no incluya todas las precisiones que se están por añadir dos semanas después mediante un decreto complementario. También rechazaron que no se precise de dónde saldrán los fondos para las compras, al tiempo que reflexionaron que el impacto en el servicio será ínfimo. A su vez, ironizaron que son pocos los que disfrutarán de las unidades con aire acondicionado dado que por la suba del boleto hay empleados de comercio que se verán forzados a no volver a sus casas a la siesta.

Acevedo, por su parte, destacó la visita del ministro y el hecho de que el oficialismo, a pesar de tener dos tercios, siempre buscó limar asperezas y despejar dudas con la oposición con colaboración del Ejecutivo, como en este caso. Resaltó que Abad respondió todas las inquietudes que se plantearon, pero aclaró que recién en el recinto podrán saber si eso satisfizo o no a la oposición.