Una reunión entre las autoridades de la Provincia bastó para acelerar con el tratamiento del DNU 5/3 para la compra de unos 100 ómnibus, para mejorar el servicio de transporte de zonas rurales, interurbanas y metropolitanas. Hoy habrá reunión de Labor Parlamentaria para trazar una sesión de Cámara, para la semana próxima.

En la Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió ayer al vicegobernador, Miguel Acevedo, y al presidente subrogante del Poder Legislativo, Sergio Mansilla. A puertas cerradas dialogaron, entre otras cuestiones, sobre el decreto de necesidad y urgencia que se firmó en el marco de la Emergencia del Servicio de Transporte (9.773), para adquirir nuevos coches mediante cotejo de precios. Dado el ruido que se generó por planteos de la oposición y dudas internas en el oficialismo, el encuentro sirvió para coordinar acciones.

El titular del Poder Ejecutivo (PE) destacó ayer que el parque automotor tiene en promedio 12 años de antigüedad, con unidades que rozan los 20 años. “Es lo que reniega la gente, y con justa razón. ¿No se merece el usuario nuevos colectivos con aire acondicionado? Estoy convencido que sí”, expresó al defender la determinación de la Provincia. A la vez, aseguró que el año próximo, con los nuevos coches en las calles, la sociedad se dará cuenta que fue una medida positiva.

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Acevedo, por su parte, calificó como “altamente positiva” la determinación de la Provincia para mejorar la calidad del servicio. “Entendemos que es algo que debe remediarse inmediatamente”, apuntó. Además, defendió que el PE haya elegido la metodología del cotejo de precios por sobre la licitación pública. “Es porque quiere con premura resolver las situaciones”, dijo.

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“Se van a tomar todos los parámetros. Vamos a tener una reunión con el ministro de Economía (Daniel Abad) para ampliar algunos conceptos”, agregó el titular del palacio legislativo. Reflexionó que una licitación pública demandaría mucho más tiempo, por lo que respaldó la determinación del Gobierno. Agregó que no se descarta designar a una comisión para acompañar el proceso de adquisición de los vehículos. “No veo mal que se haga un cotejo de precios”, resumió.

Instrumento legal

El DNU, rubricado por Jaldo y su Gabinete, está enmarcado en la Ley 9.773 (ampliada hasta 2026). Esta normativa de excepción habilita al Gobierno a otorgar subsidios a las prestatarias del sector, a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Cada mes, el PE aporta unos $3.000 millones mensuales a modo de compensación tarifaria.

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En los considerando, el gobernador afirmó que el sistema de transporte público “se encuentra en una situación de crisis estructural” que afecta tanto a las empresas como a los usuarios. Añadió luego que, ante la difícil situación económica de las empresas, el Gobierno decidió “ejercer un rol activo para garantizar la sostenibilidad del transporte público”. Por ello, se facultó a los ministros Abad y Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos) a realizar la contratación directa para adquirir las nuevas unidades. La operación representará unos $16.000 millones.

La Constitución establece que la Cámara tiene 20 días hábiles para expedirse sobre la validez de un DNU, que sólo puede ser rechazado o ratificado, sin modificaciones.