El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a las máximas autoridades de las casas de altos estudios financiadas por el Estado emitió un comunicado para refutar "cinco mentiras" difundidas para justificiar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

El CIN dijo que se veía en la obligación de salir al cruce de “las mentiras” que se habían escuchado en torno a la lucha por la defensa de la educación pública, cuyo objetivo es desacreditar las demandas de los trabajadores del sector ante la situación económica difícil que atraviesan las casas de estudios superiores sostenidas por el Estado.

El pronunciamiento elaborado por los rectores de todas las universidades nacionales fue difundido mediante las redes sociales, y explica uno a uno los argumentos de los que inclusive el Presidente se hizo eco durante estas últimas semanas.

Los cinco mensajes cuestionados

1. “Es falso que las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos”, subraya la declaración del CIN.

El texto refuta la frase de Carlos Torrendell, actual secretario de Educación de la Nación, y explica que las casas de estudios no reciben fondos de acuerdo a la cantidad de personas que cursan sino que lo que reciben “se actualiza según el último presupuesto consolidado”. Los componentes que se tienen en cuenta son “salarios docentes y no docentes; gastos de funcionamiento, e inversión para ciencia y tecnología”.

2. “Es falso que los pobres no estén en las universidades”, subraya el segundo punto de la manifestación del CIN. Se refiere a una idea enunciada por el diputado oficialista José Luis Espert. "La universidad gratuita a los pobres no les sirve porque no van", expresó Espert en una entrevista de radio.

Según el CIN, en la actualidad el 48,5 por ciento de los 2 millones de estudiantes que integran el sistema universitario “están por debajo de la línea de pobreza”. Además, “casi siete de cada diez alumnos” proviene de familias que no fueron a la universidad.

3. “Es falso que no se audite lo que las universidades gastan”, prosiguió el escrito de los rectores. Y añadieron: “todos los meses entregamos al Ministerio de Capital Humano de la Nación la información de personal y presupuesto”. Y explicaron cómo es el sistema de control de erogaciones.

“Los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios (registrados) y un 10% en gastos de funcionamiento”, expresó el CIN. Es decir, de “servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento”. Los rectores aseguraron que sobre esos gastos “se rinden” cuentas.

"Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas”, enfatiza la declaración. El control es tal que “lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación”, afirmó el CIN. Y enfatizó que tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación más evaluaciones de gestión propias, y externas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

4. “Es falso que los salarios en las universidades estén por encima del sector público en general”, añadió el pronunciamiento. e hizo un breve panorama de la situación que atraviesan los docentes y no docentes. La refutación hace referencia a una frase de Espert, que en la red social X, argumentó que los docentes de tiempo completo cobran $ 2 millones de pesos mensuales. “Todos muy arriba de la CBT (Canasta Básica Total) de $ 300.000", expresó el diputado.

Ante esto, el CIN dijo: “los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023” cuando Javier Milei asumió y desató durísima devaluación del 114 por ciento. “La pérdida del poder adquisitivo durante 2024 fue de más del 30%”, expresó.

El CIN expresó que la realidad es que “los salarios de más del 85% de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza” mientras que “el 60% de las y los no docentes” atraviesa esa misma situación.

5. “Es falso que la ley de financiamiento universitario atente contra el equilibrio fiscal”. El CIN dijo que la ley votada en el Congreso “representa apenas el 0,14%” del Producto Bruto Interno (PBI) y es “similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos”. “Por otro lado, ese 0,14% se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado”, sentenció el documento del CIN.

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