Entre un exceso de las facultades hasta agujero negro. Legisladores de la oposición apilan objeciones al decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, para la compra de 100 colectivos que serán destinados al transporte público.

El DNU, rubricado el jueves pasado por Jaldo y su gabinete, está enmarcado en la Ley de Emergencia del Transporte, que fue ampliada hasta 2026. Esta normativa de excepción habilita al Gobierno provincial a otorgar subsidios a las prestatarias del sector, a través de Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat). Cada mes, el PE aporta unos $3.000 millones mensuales a modo de compensación tarifaria.

El DNU exime del proceso de licitación previsto por la normativa, pero aclara que deberá efectuarse un cotejo de precios con al menos tres oferentes. Tampoco consigna el número de coches a adquirir, y especifica que serán transferidos “a título oneroso a las empresas concesionarias (del servicio), conforme a su situación jurídica, económica y financiera, y demás requisitos que se establezcan por vía reglamentaria”.

“Me parece un exceso de facultades; el Poder Ejecutivo se está extralimitando en la compra directamente de colectivos”, alertó el radical Agustín Romano Norri. “Si bien hay un cotejo de precios previsto, no hay licitación pública. Se podría hacer de otra forma; obviamente hay una urgencia pero también hace mucho tiempo que venimos con esta situación y podrían haber hecho el proceso licitatorio como corresponde”, añadió el opositor.

Recordó que hay 20 días se criticaba a los empresarios del transporte. “Han aumentado el boleto y encima les terminamos comprando nosotros los vehículos. Vaya uno sabe de cuál va a ser la forma mediante la que se va a devolver y en qué tiempo”, se preguntó.

Finalmente, Romano Norri planteó: “esto termina siendo un parche más que no aborda una solución definitiva y es sumamente poco transparente el procedimiento que se está llevando adelante”. “No estamos hablando de $ 1 millón, estamos hablando de muchísimo dinero. Creo que tienen que dar una explicación concreta de todo esto. Por eso, en este escenario nosotros vamos a rechazar el DNU”, adelantó el ex concejal.

Su correligionario José “Pepe” Seleme no fue tan categórico en confirmar su rechazo al decreto, pero cuestionó la modalidad elegida por el Gobierno. “Nosotros queremos una licitación pública nacional clara, transparente, y ver la forma en que las empresas van a devolver el dinero. También es necesario terminar con los subsidios; no queremos más subsidio del transporte. Después, después veremos si hay algún sector de la sociedad que necesite algún tipo de subsidio, se lo daremos, pero directamente a la demanda, al usuario, nunca más a la empresa”, expresó. “Los subsidios en Argentina históricamente son sinónimo de corrupción. En un agujero negro caen los dineros”, amplió Seleme.

Quejas bussistas

“Más dudas que certezas”, resumió el bussista Eduardo Verón Guerra sus sensaciones al leer el decreto para la compra de 100 colectivos.

Y se preguntó: “¿Solucionaremos el problema del transporte público otorgando a los mismos de siempre 100 ómnibus nuevos?”. “Si el problema lleva años; ¿por qué amparados en una ley de Emergencia se vuelve a obviar el sistema de licitación pública? Es una obligación que emana del Estado, dado los montos que desembolsará la Provincia”, reforzó el ex edil.

Verón Guerra también advirtió que la mayoría de las empresas tienen sus concesiones vencidas o con tenencias precarias. “¿A ellos se les entregarán las unidades? Sabemos de las urgencias y  necesidades de un servicio de calidad, pero siguen subsidiando a los mismos de siempre con lo cual los resultados serán idénticos”, alertó el referente de Fuerza Republicana, y pidió un DNU para subsidiar al pasajero y no a los empresarios.