El gobernador, Osvaldo Jaldo, le respondió este viernes a los legisladores que cuestionaron la adquisición de 100 colectivos para las líneas metropolitanas y del interior de la Provincia.

“Tienen todo el derecho de cuestionar la compra, y hoy es facultad de la Legislatura aprobar, rechazar o modificar el decreto. Nosotros nos allanamos a la decisión que tome el Poder Legislativo”, afirmó Jaldo. Y agregó: “El decreto está vigente, y ya estamos realizando las actuaciones administrativas y legales correspondientes”.

Cuáles son los cuatro puntos a debatir del DNU de Jaldo para la compra de 100 colectivos, según Bussi

El mandatario provincial resaltó la necesidad de renovar el parque automotor, ante los reclamos constantes de los usuarios sobre el mal estado de los colectivos. “Estamos haciendo un gran esfuerzo para incorporar 100 unidades con aire acondicionado, pensando en los casi 600.000 usuarios que utilizan este servicio diariamente”, explicó.

También subrayó la importancia de mejorar la calidad del transporte público, especialmente con la llegada del verano y las altas temperaturas que se pronostican en Tucumán.

Compra de colectivos: "No hay que destinar fondos públicos a empresas privadas"

“Los colectivos no son para que los utilicen ni el Gobernador, ni los legisladores, ni ningún funcionario. Son para los usuarios, para los trabajadores. Queremos que viajen dignamente, en vehículos 0 km con aire acondicionado”, finalizó.

Opositores, en alerta por la compra de ómnibus

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) mediante el que el gobernador pretende comprar 100 colectivos y cederlos a las líneas interurbanas, rurales y metropolitanas suma reparos en la Legislatura. Ayer, a las objeciones ya formuladas por Claudio Viña y Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) se sumaron las de Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y José Macome (La Libertad Avanza).

Puntualmente, Bussi enumeró cuatro puntos clave a debatir en el Poder Legislativo. Como primera medida, el ex senador y ex diputado nacional reprochó que el instrumento no especifique a quiénes (empresarios) se les va a otorgar ese beneficio y cuáles fueron los fundamentos para tal decisión.

“A viva voz, referentes de (la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) Aetat indicaron que el último aumento otorgado es insuficiente, entonces: ¿Cómo se devolvería en pesos el costo de las unidades? ¿Cuál sería la cuota mensual y en qué tiempo está estipulado para saldar el pago de las unidades? ¿Con la incorporación de estas supuestas 100 unidades, se levantaría habilitación precaria?”, se preguntó Bussi.

El DNU, rubricado el jueves pasado por Jaldo y su gabinete, está enmarcado en la Ley de Emergencia del Transporte, que fue ampliada hasta 2026. Esta normativa de excepción habilita al Gobierno provincial a otorgar subsidios a las prestatarias del sector, a través de Aetat. Cada mes, el PE aporta unos $3.000 millones mensuales a modo de compensación tarifaria.

El decreto exime del proceso de licitación previsto por la normativa, pero aclara que deberá efectuarse un cotejo de precios con al menos tres oferentes. Tampoco consigna el número de coches a adquirir, y especifica que serán transferidos “a título oneroso a las empresas concesionarias (del servicio), conforme a su situación jurídica, económica y financiera, y demás requisitos que se establezcan por vía reglamentaria”.

Según el republicano, hay pocas cosas claras en el decreto. “Estos y otros puntos nos dejan dudas; elevaremos un pedido de informe para poder evaluar esta gran erogación que está por hacer el Ejecutivo”, avisó Bussi. “Tucumán debe ser de las provincias que más emergencias tiene vigentes, y eso indica a las claras que no estamos para nada bien”, agregó.

En una línea similar, el referente libertario Macome expresó su rechazo al DNU. En LA GACETA Central dijo: “No hay que destinar fondos públicos a empresas privadas”. Manifestó que, aunque es necesario encontrar soluciones al problema del transporte, consideró que las empresas deben ser responsables de su propio financiamiento. “Creemos que las empresas tienen sus propias soluciones. Este DNU parece destinado a financiar a las empresas, pero no se debe usar dinero público para ese fin. Las empresas ya cuentan con el beneficio de operar en rutas exclusivas para cumplir con el servicio, así que deberían ocuparse de sus propios costos”, afirmó.