En lugar de bajar la edad de imputabilidad de los menores, la Iglesia plantea la necesidad de que haya un abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización de la sanción, con la participación de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos interdisciplinarios “y con la consiguiente asignación de recursos económicos”.

“Las políticas de seguridad dirigidas, fuertemente hacía los adultos, con el objetivo de evitar la cooptación de niños y jóvenes. Las políticas de seguridad enfocadas en los grandes eslabones de la delincuencia, como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas”, añade el texto divulgado entre los diputados y senadores nacionales por Tucumán.

En esa línea, el Arzbispado sugiere que toda reforma de la ley vaya acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia. Estos programas, adujo, deben contemplar:

- La promoción y trabajo de reinserción social.

- La reinserción educativa.

- El tratamiento específico, de los consumos problemáticos en niños y adolescentes.

- Capacitación y formación en oficios.

- Planes de trabajo personalizados que tengan por objetivo que puedan responsabilizarse de sus acciones y reparar el daño producido.

La Iglesia rechaza la baja de imputabilidad

- Sanciones alternativas que alejen a los adolescentes del delito, tales como prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, obligación de reparar lo dañado, entre otras.

- Promover y facilitar espacios recreativos y formativos comunitarios, con participación de la familia. (programas deportivos, de formación artística y en oficios).

Posturas

Tras el encuentro, los legisladores nacionales presentes expresaron algunas de sus posturas. “El espacio abierto por la Pastoral Social es muy valioso. Necesitamos encontrar un denominador común entre todos los sectores para construir una agenda de futuro para Tucumán. Tenemos miradas distintas sobre cómo resolver los problemas y eso también es muy bueno. Lo importante es dialogar, fijar agendas y encontrar puntos en común aún en esa diversidad”, sostuvo la senadora Beatriz Ávila (PJS). “Hay varios temas en la agenda nacional que exigirán respuestas diferentes para problemas que van creciendo. Uno de ellos es el Régimen Penal Juvenil. Hay que hacer cambios. El aumento del consumo de drogas, la ludopatía infantil y adolescente, la edad de imputabilidad de los menores son desafíos de los nuevos tiempos para los que debemos apelar a acciones contundentes y, sobretodo, novedosas”, añadió la alfarista.

Con un mensaje al Papa, Patricia Bullrich defendió el plan de bajar la edad de imputabilidad

El bussista Gerardo Huesen recordó que presentó un proyecto de ley de baja de imputabilidad, para considerar el daño que produce un menor que delinque, y reconoció la falta de legislación penal juvenil. En tanto, el peronista Pablo Yedlin sostuvo: “La Iglesia entiende que bajar la edad de punibilidad no es el camino. Entiendo lo mismo”. Sandra Mendoza, finalmente, admitió la complejidad del debate.