Una auditoría en la cual se demostraría el faltante de 70 millones de pesos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) entre los años 2006 y 2009 fue motivo de una acalorada discusión en el marco de una nueva audiencia del juicio que se le sigue al ex rector Juan Alberto Cerisola y a otros funcionarios universitarios por presuntas irregularidades en el manejo de fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Es que al comenzar el debate el fiscal Pablo Camuña pidió que esa auditoría sea incorporada como prueba al juicio, lo que desató el enojo de los defensores, quienes advirtieron que en esta causa se está juzgado otro tipo de anomalías, y no justamente esa. Finalmente los jueces subrogantes Ana Carola Farías (quien estuvo en forma presencial), Jorge Alejandro Basbús, ambos de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, más el juez sustituto Mario Eduardo Martínez rechazaron el pedido de Camuña.

Arqueo general

El lunes había declarado en la audiencia la contadora Andrea Silvia González, perteneciente a la Unidad de Auditorías Internas (UAI, que responde a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). A preguntas de Víctor Taleb, abogado del contador Luis Sacca, González, luego de varias horas de interrogatorio, advirtió que ella había participado en una auditoría realizada en 2016 acerca del manejo de fondos en la tesorería de la Dirección General de Construcciones. “Se hizo un arqueo general integral para determinar exactamente el monto del faltante en base a todas las inconsistencias u observaciones realizadas. Esto fue elevado al rector y a la Sigen. Era un faltante de $ 70 millones”, dijo la especialista. Y abundó en detalles: “La falta de control ha generado faltantes de dinero y esos faltantes están consignados en esa auditoría, por falta de rendiciones, por no aplicación de retenciones, por duplicación de cheques, se llegó a la conclusión de que faltaba ese dinero”. Tras esto, su testimonio finalizó y los jueces decidieron un cuarto intermedio hasta hoy para seguir con los testimonios. Pero cuando comenzó la audiencia Camuña dijo que la parecía relevante incorporar esa auditoría, y así se lo pidió al Tribunal, lo que generó rechazo de los defensores. Tanto Taleb, como Alfredo Falú, por Olga Cudmani, y Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen por Cerisola, así como Mariano Galleta por Osvaldo Venturino. El único que apoyó el pedido fue el representante de la querella, Rodolfo Burgos. Luego de más de una hora de deliberación el Tribunal rechazó el pedido, tras lo cual Camuña aseguró: “Me parece desafortunado que el tribunal no haya permitido conocer más sobre un documento que supuestamente arriba a la conclusión de que se había producido un faltante de $ 70 millones en la dirección de construcciones universitarias durante el período de tiempo en que sucedieron los hechos de este juicio”.

“Nunca recibimos un plan de inversiones”

Luego fue el turno del contador Cristian Álvarez, también de la UAI, quien básicamente respaldó los dichos de su compañera González, que había advertido que había graves irregularidades en los informes que ellos habían recibido. “Nunca recibimos un plan de inversiones en colocaciones. Debería haber habido un plan que delimite o fundamente las colocaciones, autorizaciones, fondos. Faltaban rendiciones, nadie nos dijo quién autorizó a que las obras se pagaran por certificaciones y no al final”, advirtió.

Cabe recordar que Cerisola está acusado por administración fraudulenta de regalías mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la ley nacional de obras públicas.

Causa por los fondos mineros: “Había graves irregularidades”

En ese sentido, Álvarez indicó que lo que más le llamó la atención es que “hasta la conclusión de la ciudad universitaria era blindada a los gastos de infraestructura. Y que había rendiciones de gastos comunes, caja chica, gastos de consumo. Es un defecto técnico considerable porque contablemente obras no se puede financiar con gastos corrientes pues se registra un activo que no existe. Pedimos por nota quién autorizó eso y no respondieron”, indicó el testigo. “Nunca tuvimos a la vista un plan de obras. Construcciones tenía todas las rendiciones sin efectuar. Cuando vamos a Construcciones vemos que había obras en curso. Estaba gastado y no había ninguna registración. Es un alto riesgo de perjuicio patrimonial para la institución”, dijo. Y remarcó: “Lo que más le llamó la atención de la respuesta de Construcciones es que estaban convencidas de que no debían cumplir las leyes como consecuencia de esas reglamentaciones. Al no figurar en los pliegos no lo conoce nadie. No había seguros antes de empezar la obra”. Afirmó además que “en los precios puede haber redeterminación por inflación pero que debería figurar en el pliego, igual que el anticipo financiero. Eso es un incumplimiento normativo de quien elaboró el pliego”.

Tras el testimonio, el Tribunal resolvió que se pase a un cuarto intermedio hasta el lunes 7 del mes que viene.