La empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, que tenía a su cargo la explotación de la planta de disposición final de Pacará Pintado, rechazó el recurso de casación interpuesto por el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). En paralelo, solicitó a la Justicia que se proceda de inmediato al retiro de casi 18.000 toneladas de basura amontonadas en ese predio.
Tal como dio a conocer LA GACETA este fin de semana, los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur accedieron a un planteo judicial de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, para que el Consorcio cumpliera con una vieja resolución (N° 02/14). De esta manera, según el fallo, el ente debería iniciar las diligencias administrativas y presupuestarias correspondientes para hacer efectiva la limpieza de la playa de transferencia de la planta de Pacará Pintado a través del transporte de los residuos. Este proceso debería darse, una vez que sea autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, en un plazo de 90 días corridos y el operativo en sí no debería extenderse por más de 14 días. No obstante, a principios de mes, el Girsu interpuso un recurso de casación contra ese fallo, argumentando principalmente que mover esa basura generaría un daño ambiental innecesario. Por eso, requirió que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia revise esa sentencia.
Silvia Peyracchia, abogada de la empresa, rechazó los argumentos del Consorcio, y ratificó que los remanentes residuos que desde hace más de 10 años están en la playa de transferencia de Pacará Pintado sí generan un riesgo de contaminación. “Las afirmaciones de que los RSU que se encuentran en la planta de Pacará Pintado no generan riesgo de contaminación, ya que se ha seguido un plan de cierre supervisado por la autoridad ambiental y presentado en el expediente del amparo constituye una afirmación distorsionada de la realidad y contrapuesta con las pruebas del proceso, ya que conforme surge de los autos del amparo y resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente, el plan de cierre ambiental queda circunscrito a la planta de tratamiento y disposición final de los RSU depositados en las siete celdas de Pacará Pintado”, aclaró la letrada.
Por eso, dijo, los residuos sobre los que versa el fallo en cuestión se generaron luego del cierre del predio como sitio de disposición final de la basura. “Los RSU excedentes no forman parte de ese plan de cierre, ya que no obran depositados en celda alguna de Pacará, sino que se encuentran a cielo abierto en la playa de transferencia de Pacará Pintado, vinculándose incluso su formación o generación a partir justamente del cierre de la planta como sitio de disposición final”, explicó.
Según el escrito judicial, Peyracchia admite que las casi 18.000 toneladas de desechos excedentes, pueden tener un impacto ambiental negativos. “Esta situación de los RSU excedentes obrantes en playa de transferencia, que se deriva de la inacción del ente público (Consorcio), compromete de modo potencial, inminente el medio ambiente por su negativo impacto, constituyendo esta afirmación un hecho exento de prueba por su notoriedad, dado que se trata de la existencia de residuos a ‘cielo abierto’, sin gestión ambiental alguna, salvo la custodia y conservación preservada por la actora (la empresa)”, alertó.
Con esa advertencia, la empresa insiste en que se deben trasladar esos residuos al predio de Overo Pozo. “El fallo estable un razonable equilibrio entre los valores en juego, consistentes en la solución ambiental a un problema inminente de contaminación por tratarse de un depósito de residuos a cielo abierto, que tiene como obligado directo y legal al ente consorcial y cumplimiento de la Resolución 02/14 que dispuso la limpieza de la playa de transferencia de Servicios y Construcciones SRL. (…) El impacto ambiental negativo de los basurales a cielo abierto- como resultan del caso, constituye un hecho notorio. En este punto, es dable advertir la extrema irresponsabilidad del Consorcio por sus afirmaciones y por su intento recursivo, ya que se trata del Ente a quien el Estado Provincial confió la custodia de la gestión integral de los RSU”, expresó la ex concesionaria. Y recordó que entre las obligaciones del Girsu figura la eliminación de los basurales a cielo abierto.
La empresa insiste, además, en que esa basura acumulada se generó tras el cierre de Pacará Pintado. También reseñó que en 2014 la Subsecretaria de Protección Ambiental solicitó mediante nota que el Consorcio le informe las fechas y los horarios en los que se concretaría el operativo de traslado de la basura a Overo Pozo. Incluso, se cita un acta de asamblea de los miembros del Consorcio, realizada en 2012, en la que el titular de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, instruye al Girsu a trasladar a la planta de Overo Pozo, en un plazo razonable los residuos existentes en la playa de transferencia de Pacará Pintado. “En igual Asamblea y Acta se decide la realización del transporte por la empresa Servicios y Construcciones”, se lee en aquella acta.