En los discursos sociales se insiste en la necesidad de incrementar la lectura, sobre todo en relación a niños y jóvenes. Se entiende, en este contexto, la lectura de libros (sean impresos o digitales), ya que de hecho y con el acceso a la tecnología, a la web e internet, los niños y jóvenes dedican horas a la lectura y a la escritura. Mucho más que antes. Claro está que esa lectoescritura (de textos y del mundo- como diría P.Freire) no goza de la misma legitimidad. En este contexto, Chris Lewis https://www.technologyreview.es/s/16690/la-sentencia-que-limita-el-prestamo-digital-en-ee-uu-amenaza-las-bibliotecas-publicas advierte sobre los efectos de una sentencia, promovida por editoriales, que afecta la digitalización y por ende el préstamo de libros en las bibliotecas públicas de Estados Unidos.

El derecho a leer

Detrás de la sentencia, que usa como pretexto los derechos de autor, las razones son económicas. La bibliotecas públicas se han visto obligadas a digitalizar textos que poseían impresos debido a las erogaciones que les imponen las editoriales para prestar libros electrónicos con licencia: deben pagar varias veces a los editores; los libros son 300% más caros que el precio de venta al público; están limitados en el tiempo y las veces en que se pueden prestar, luego de lo cual se autodestruyen y la biblioteca tiene que volver a realizar la erogación para ponerlos a disponibilidad. Estas son las razones que condujeron a quienes gestionan esas bibliotecas, para seguir cumpliendo con su función pública, a la digitalización.

Inteligencia artificial: ¿estamos siendo clasificados?

Mientras las empresas coartan – económica y legalmente- el acceso público a los libros, nada dicen respecto del uso absolutamente gratuito que hacen de los datos de los lectores, es decir del registro y archivo de los datos identitarios, de la invasión a la privacidad y del avasallamiento al derecho de preservación de la identidad de quienes ingresan al espacio digital para acceder al conocimiento. Mientras las empresas tienen libre acceso a los lectores, Wstos -salvo que tengan posibilidades económicas- no tienen libre acceso al conocimiento; tienen que comprarlo. Y quienes no pueden, no acceden.

En un mundo, donde la llamada “industria del conocimiento” y el “mercado de los datos” ocupan el centro del poder, las disparidades señaladas ahondan aún más la brecha entre quienes pueden leer “de todo”, especialmente el conocimiento de primera línea: científico, profesional, económico, político y quienes sólo pueden leer lo que empresas del conocimiento (editoriales y tecnológicas, entre otras) deciden. Pero éstas sí pueden “leer” a sus lectores y conocerlos detalladamente porque están monitoreando sus acciones, deseos, decisiones y pensamientos cotidianos a través de la Internet de los objetos.

Educación pública ante la encrucijada

¿Cuáles son los derechos de autoría, identidad, educación, conocimiento de las mayorías que no pueden pagar para conocer más allá del horizonte de sus limitadas condiciones de existencia y cuyas vidas están siendo decididas subliminarmente -sin que la mayor parte tenga conciencia- por las “Big Tech”? ¿Cuando se escucha decir que los niños y los jóvenes no leen, se está analizando el impacto de la IAcracia, del mercado de conocimiento y datos, sobre esta problemática? ¿O se sigue sosteniendo el prejuicio de que no leen por “vagancia” o porque “no quieren”? ¿Y qué es lo que pueden? ¿Qué hacen la política, la planificación y la práctica educativa al respecto? ¿Cómo se da acceso a esta primera línea de conocimiento científico, profesional, político y a las estrategias cognitivas para entenderlo y analizarlo críticamente? Porque a este conocimiento no se accede espontánea ni públicamente, sino que es la educación la que tiene que ponerlo a disposición y enseñarlo. Y en este camino, a la educación superior le toca un lugar no menos clave: la reformulación de la educación científica y profesional para la era de la IA y la garantía de acceso gratuito al conocimiento más avanzado y actualizado. Con hacer un relevamiento de las bibliotecas con las que la educación pública cuenta en todos los niveles en Tucumán, y especialmente en el superior, nos damos cuenta que nos faltan años luz mientras la conectividad de internet, en los países más tecnologizados, se está acercando a la velocidad de la luz. Es hora de que los responsables de las políticas educativas y económicas se hagan cargo. Porque ni los niños, ni los jóvenes, ni sus padres, ni los profesionales docentes, en el mercado mundial del conocimiento digital, pueden. O, en todo caso, hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Es hora de poner las cargas en su justo lugar.

El “mercado del conocimiento” nos presenta una encrucijada: ¿la IA será un muro que perpetúa la brecha digital o una puerta que abre nuevas posibilidades de aprendizaje para todos? La privatización del conocimiento y la concentración de poder en manos de las empresas tecnológicas nos obligan a reflexionar sobre el futuro que queremos construir. La IA tiene el potencial de transformar la educación y democratizar el acceso al conocimiento, pero solo si actuamos con responsabilidad y justicia. De lo contrario, corremos el riesgo de que se convierta en una herramienta que profundice las desigualdades existentes. Es hora de decidir: ¿un futuro donde el conocimiento sea un privilegio para unos pocos, o un derecho fundamental para todos? La respuesta está en nuestras manos. Es hora de decidir qué futuro queremos construir. La respuesta está en nuestras manos.