El diputado nacional de la UCR-Tucumán, Mariano Campero, cuestionó la decisión de la Convención Nacional de suspender su afiliación partidaria, al igual que la de sus pares que avalaron lo dispuesto por el jefe de Estado. “Ante este jaque, ratifico que pocas veces en mi vida actué con tanta convicción como cuando decidí blindar el equilibrio fiscal de este Gobierno”, indicó el ex intendente de Yerba Buena. Afirmó luego que “la defensa de las instituciones es dejar gobernar”. “A (Raúl) Alfonsín, a (Fernando) de la Rúa y a (Mauricio) Macri no los dejaron gobernar. Con Alberto Fernández, que tuvo el peor índice de jubilaciones de los últimos 20 años, ningún kirchnerista dijo nada. Ningún kirchnerista. Y no estoy hablando solamente de los peronistas. También hay radicales kirchneristas”, afirmó.

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Campero recordó que, en el balotaje de 2023, había dado su apoyo a Milei. “El 80% del radicalismo jugó con (Sergio) Massa”, acusó el diputado.

Y disparó contra el sector del senador Martín Lousteau, presidente del centenario partido. “No son los dueños del partido. No tienen derecho a expulsar a diputados votados por los ciudadanos en la boleta (Patricia) Bullrich-(Luis) Petri. Los que hoy piden expulsiones quieren volver al país que dejó el kirchnerismo. El ministro de ‘la 125’ quiere una Argentina kirchnerista. No retrocedamos 20 años”, afirmó Campero.

A favor y en contra

La situación de los diputados suspendidos generó controversias puertas adentro de la UCR.

El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, brindó su apoyo a Campero, y calificó como “una vergüenza” la medida disciplinaria. “Cuando Lousteau votó diferente a los ocho senadores nacionales restantes del radicalismo, no sucedió absolutamente nada. Hay memoria selectiva. Y justamente una bandita liderada por Lousteau es la que decide ajusticiar a estos cinco diputados por votar diferente”, expresó en declaraciones radiales.

Macchiarola acusó al senador nacional de ser “un caballo de Troya” en el centenario partido. “Todo lo que viene haciendo es para hacer daño a la UCR y terminar votando al lado y pegado junto al kirchnerismo”, aseveró.

El legislador Agustín Romano Norri (Evolución Radical) consideró que se debe buscar acuerdos puertas adentro del centenario partido. “Hay que ser prudentes. El radicalismo se debe un debate interno”, afirmó a “Buen Día”, el matutino de LG Play. El opositor consideró que los dirigentes radicales deben actuar de forma orgánica, aclaró que para ello es clave definir “cuál es el rol que queremos jugar”. “No es momento de expulsiones ni de suspensiones, sino de debatir”, afirmó Romano Norri.

Por su parte, el legislador José Cano (Radicalismo Federal) efectuó críticas a Campero por su voto en la Cámara baja. “Todas las posiciones son respetables. Lo que es inadmisible es decir una cosa un día y otra muy distinta dos semanas después”, planteó. Y aseguró que el ex intendente de Yerba Buena está preso de sus ambiciones personales. “Campero cree que por sacarse una selfie con el presidente se convertirá en líder de un espacio político. Es un error casi de adolescente. Esta no es una discusión de kirchnerismo si o kirchnerismo no. Eso es una mentira que usa un gobierno que jamás enfrentó a Cristina Fernández”, indicó.

En la vereda de enfrente, Sebastián Salazar, ex intendente de Bella Vista, defendió a Campero. “Es incomprensible que el partido, que siempre se ha enorgullecido de ser una fuerza democrática y abierta a la discusión, recurra ahora a medidas punitivas contra aquellos que ejercen su libertad de voto en el Congreso. Esto no es una democracia interna”, señaló.

Su esposa, Paula Quiles, actual intendenta de Bella Vista, también expresó su descontento con la decisión del partido. “Lo que se está sancionando aquí no es sólo una decisión política, sino la libertad de conciencia de nuestros legisladores. La UCR ha sido históricamente una casa de debate, y no podemos permitir que se persiga a quienes no se alinean con la postura oficial en cada tema”, enfatizó.

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“Cuando Ricardo Alfonsín aceptó el cargo de embajador en España durante el gobierno de Alberto Fernández, el partido no reaccionó de la misma manera. No hubo sanciones ni cuestionamientos, a pesar de que muchos consideraban que su decisión era contraria a los principios del radicalismo”, comentó. Salazar agregó: “La Convención está actuando de manera inconsistente. No se puede permitir que ciertos comportamientos sean sancionados mientras que otros, claramente más alejados de los ideales históricos del radicalismo, se ignoren por conveniencia política”.