El proyecto de Presupuesto 2025 enviado al Congreso por el presidente Javier Milei dispone de una partida de $ 3.8 billones para las universidades nacionales. Esta cifra es la mitad de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había calculado que necesitaba para funcionar y de lo que el Congreso decidió otorgar al sancionar la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno ya dijo que vetará. Además, la iniciativa reivindica la potestad de auditar el uso de esos fondos, un rol que tienen las universidades y la Auditoría General de la Nación (AGN), bajo la supervisión del Congreso.
La Casa Rosada sostiene que corresponde que el Ministerio de Capital Humano controle el destino dado a los fondos públicos que manejan las 57 universidades nacionales. En el caso de aprobarse esta medida, el Ministerio podría interrumpir las transferencias de fondos a las instituciones educativas que no le rindan cuentas.
La presentación del proyecto de Presupuesto ratifica la postura del oficialismo contraria a la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma es una victoria de la oposición, en particular del sector de los radicales muy identificado con la gestión de las universidades nacionales. Se calcula que la ley, que aún debe ser vetada, insumirá el 0,14% del producto bruto interno (PBI) o alrededor de $ 780.000 millones. Para el oficialismo, se trata de un acto demagógico porque, al igual que lo que había ocurrido con la normativa que recomponía los haberes previsionales, no estipula de dónde saldrán los recursos para hacer frente a los nuevos gastos.
La meta del equilibrio fiscal
Durante la presentación del Presupuesto 2025, Milei destacó que uno de los principales objetivos de esa proyección de erogaciones es lograr el equilibrio fiscal y poner un freno al "gasto compulsivo" que, según él, caracterizó a las administraciones anteriores. El Presidente aseguró que este presupuesto busca establecer un "cepo al Estado", independientemente de las condiciones macroeconómicas.
Dentro de esta visión de reducción del gasto, las universidades nacionales ocupan un lugar clave. El artículo 17 del proyecto de presupuesto especifica que los fondos asignados a estas instituciones, que alcanzan los $3.804.260.408.806 deberán estar sujetos a un esquema de auditoría más riguroso. Esto implicaría que las universidades deberán presentar información detallada a la Subsecretaría de Políticas Universitarias para garantizar una correcta ejecución de los recursos.
¿Qué dice el proyecto de la "ley de leyes" sobre las universidades?
El texto elaborado por el Gobierno establece que las universidades deberán detallar la clasificación funcional de sus gastos en áreas como educación y cultura, salud y ciencia, y tecnología e innovación. Además, deberán reportar la ejecución de sus presupuestos, y la distribución del personal docente y no docente sobre el que se aplicarán aumentos salariales en 2025, los cuales se basarán en las cifras de noviembre de 2024.
En el caso de que una universidad incumplan con estos requerimientos de información, el Ministerio de Capital Humano podría suspender la entrega de fondos, lo que generaría un control mucho más directo sobre los presupuestos universitarios que el existente en la actualidad.
El Gobierno, por su parte, justificó este control adicional como una forma de asegurar el buen uso de los fondos públicos. La oposición ya manifestó su preocupación ante esta propuesta. Por ahora, el debate está abierto y queda por ver si el Congreso permitirá que el Ejecutivo tenga un control más directo sobre el financiamiento y los gastos de las universidades nacionales, o si prevalecerá el sistema actual de auditoría.
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