Una singular polémica se desarrolló hace unos días, cuando la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) dio a conocer su informe anual sobre los caminos tucumanos, y la respuesta del Estado en el sentido de que “el Gobierno está atendiendo los problemas en materia vial”, según dijo el ministro de Obras Públicas. El mismo Gobernador invitó a los sectores interesados a recorrer los lugares donde se está trabajando y destacó los casos de la ruta 307 “y otras tantas que estaban totalmente abandonadas y hoy están reparadas, como nuevas”.

Según se sabe, el Gobierno está haciendo trámites ante la Nación para recuperar la financiación de obras consideradas esenciales que se postergaron o se “neutralizaron” a partir de diciembre, cuando el Gobierno nacional suspendió o anuló las partidas para obras públicas. Es decir, hay una cuestión sustancial, que es el cambio de las reglas de juego con respecto a las iniciativas que había el año pasado, que debe ser considerado, tanto por parte de quienes reclaman por la falta de obras o por la “involución” de las rutas, como por parte de las autoridades, que tienen que ver la viabilidad y razonabilidad de los reclamos. En este sentido, los productores afirmaron que reconocen que el Gobierno “está intentando hacer algo”, pero cuestionaron “su velocidad y sus tiempos” y enfatizaron que “los pozos y las irregularidades en el suelo hacen que los transportistas elijan una ruta alternativa y cambien de ruta, lo que genera que el productor tenga que ir acopiando mercadería, mejorar la entrega e inclusive pagar costos más altos a la hora de pedir un camión” . Y señalaron cómo afecta además a las comunidades los problemas del tránsito de mercaderías de la producción.

En su informe pusieron énfasis en dos rutas cuyo estado debería mover a reflexión. Una es la llamada “ruta del azúcar”, la 321, que comunica Macomitas con Los Ralos a lo largo de 14 kilómetros y que está prácticamente destruida desde hace muchos años. El Gobierno, que reconoce que la carretera es prioritaria, tiene un proyecto y prevé una inversión cercana a los 16.000 millones de pesos, pero no se sabe si hay otras certezas al respecto. La otra ruta mencionada en el informe, la 334, que une Taco Ralo La Cocha, en los últimos 20 años ha quedado destruida con los aluviones del río San Francisco y desde hace tiempo debería ser objeto de estudios con proyectos de ejecución inmediata y también de largo aliento. Bien señalan los productores que “basta ir a la zona de cada ruta donde están los conflictos y los vecinos relatan que cuando llueve no pueden mandar sus hijos  a la escuela o que si hay una emergencia la ambulancia no llega a buscarlos”.

Cabe concluir que, en medio de la tremenda crisis económica y los cambios de reglas de financiación urge buscar estrategias en conjunto y eso se logra con  predisposición  a la tarea conjunta: “El diálogo estaba y seguirá estando -dijeron los productores- porque entendemos que trabajando en conjunto vamos a sacar adelante la provincia”.