Las empresas de transporte anunciaron una reducción del servicio de todas las líneas urbanas a partir de mañana, las cuales comenzarán a funcionar con las frecuencias de día domingo, lo cual, se presume, va a afectar gran parte de las actividades. La situación se anticipa muy compleja. “Nosotros lo primero que tenemos que tratar es que los colectivos anden, que funcionen. Este es el primer objetivo que tenemos que tener todos”, dijo hace pocos días el gobernador de la Provincia, cuando advirtió sobre las graves consecuencias de un paro de transporte -en este caso se habla de una reducción del 40% del servicio-, que puede afectar la asistencia a clases, el comercio y el acceso a servicios de salud, entre otras consecuencias.
Los empresarios advirtieron ayer que se encuentran en una situación terminal; remarcaron que la línea 11 ha dejado de funcionar y que se van a producir 200 cesantías vinculadas con la disminución de los servicios, lo cual ha generado la reacción de los trabajadores a través del sindicato UTA, que se ha declarado en alerta y afirmó que “no se va a permitir despidos”.
Hasta ahora se venía discutiendo la necesidad de debatir cómo hacer frente a la crisis que arrastra desde hace años el sector, que se ha agravado en los últimos tiempos con el retiro de la Nación de su compromiso de aportar subsidios para mantener los servicios, si bien las tensiones estuvieron atemperadas por la decisión de la Provincia de hacerse cargo de los montos que había dejado de aportar la Nación. El mismo gobernador advirtió cada vez que había atisbos de protesta que es una situación compleja que se debe discutir entre todos, que es un servicio público subsidiado en Tucumán y que si ello el usuario no podría afrontar el costo real del pasaje, pero que no se debía permitir que se llegue a instancias de medidas de fuerza para no dejar a los más de 600.000 usuarios afectados.
En los últimos días se supo del pedido de la Municipalidad de declarar la emergencia del servicio. Ahora los empresarios afirman que la Municipalidad debería debatir sobre el estudio de costos que ellos presentaron y resolver sobre las concesiones caducas.
La cuestión ha llegado a instancias de conflicto que se deben evitar a toda costa, porque además de la afectación de los usuarios -y de las actividades normales de la sociedad, que se verán dañadas- puede haber una escalada más seria en un conflicto con los trabajadores que ven peligrar su fuente laboral. Hay un problema real de un servicio que necesita una reformulación completa; hay una presión de los empresarios y hay un riesgo cierto para la comunidad. Esto requiere reflexión y madurez de todos los sectores involucrados en la problemática, a fin de atemperar tensiones y buscar soluciones.