La propuesta de reforma constitucional lanzada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, despertó en la provincia el debate público de distintos sectores políticos y sociales en torno a la conveniencia o no de avanzar en cambios profundos sobre el sistema político y las principales problemáticas que atraviesa la provincia. En relación a este tema, Pablo Luis Manili, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA, aseguró que todo proceso de reforma debe contar con respaldo social y que la dirigencia política tiene la responsabilidad de “conducir” ese proceso.

En diálogo con LA GACETA, el letrado aseguró que para poder considerarse moderna, una Carta Magna debe contemplar aspectos claves que al mismo tiempo pueden considerarse “antiguos”. “Esto quiere decir: la división del poder, la separación del poder y el equilibrio entre los poderes. Lo más moderno actualmente es lo clásico”, enfatizó.

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- ¿Cómo se analiza lo que sucede en Tucumán con la posible reforma?

- Toda reforma constitucional, de alguna manera, es intencionada. No hay ninguna reforma constitucional que sea aséptica, que sea pura, que sea transparente. Siempre hay una intención de alguien de beneficiarse con algún cambio en la Constitución. Eso no significa que a veces no sea necesaria una reforma constitucional. En el caso de Tucumán, el tema que siempre escandalizó a todo el país es el sistema electoral, es decir esta posibilidad de hacer tantas listas colectoras que son una forma también de coaccionar al votante porque si para una intendencia el electorado tiene cinco boletas y a su vez para la gobernación tienen varias boletas más en cada boleta va a haber un pariente o un amigo entonces siempre el votante se va a ver compelido moralmente a votar alguna boleta por amistad o por parentesco.

-Tomando los casos recientes de Salta, Jujuy y La Rioja, ¿se puede hablar de un efecto contagio de reformas?

-En este momento no estamos en presencia de un ciclo de reformas que uno pueda apreciar. No tengo datos en este momento de que haya muchas provincias en este tipo de trámite previo a una reforma constitucional. Tuvimos una oleada de reformas en la década del 80’ después de la recuperación de la democracia, a mi criterio justificadas porque había que adaptar las constituciones provinciales a los nuevos tiempos después de tantos años de dictadura. Después hubo una segunda ola de reformas a la constitución provincial en la década del 90’ como consecuencia de la reforma de la Constitución Nacional en el 94. A partir de ahí varias provincias también empezaron a hacer sus reformas en ese caso la característica general que tuvieron fue la de prever la reelección de los gobernadores. Cambios recientes, como el de Jujuy, resultaron necesarios por las alteraciones que había tenido esa provincia en su sistema institucional por la injerencia de Milagros Sala, mientras que lo de La Rioja no tenía mucha justificación.

-¿Qué debería tener en cuenta una Asamblea Constituyente para lograr una Constitución moderna?

-Lo más moderno que hay es al mismo tiempo lo más antiguo, paradójicamente. Esto quiere decir: la división del poder, la separación del poder y el equilibrio entre los poderes. Lo más moderno actualmente es lo clásico. Que el gobernador no tenga la posibilidad de muchas reelecciones, que quede limitado en el tiempo a uno o dos mandatos, que el gobernador no pueda dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Un segundo tema interesante es el establecimiento del mecanismo de coparticipación entre la provincia y los municipios. Hay muchos problemas en varias provincias por no tener esto fijado entonces queda al arbitrio del gobernador y el gobernador termina beneficiando a los intendentes amigos y perjudicando a los enemigos políticos. Finalmente, hay que conformar un Consejo de la Magistratura para la selección de los jueces. Ese Consejo debe buscar el equilibrio del poder y quitarle el poder al gobernador.

-¿El sistema electoral hacia donde debería ir y es conveniente sacarlo del texto constitucional?

-Sí, el sistema electoral no debe estar en el texto constitucional. Casi ninguna Constitución nacional lo tiene, solo hay pequeñas pautas de cómo debería ser pero nunca el sistema. Yo creo que eso tiene que quedar liberado a la ley y creo que en una reforma al sistema electoral hay que eliminar esto de las colectoras y lemas o sublemas que confunden al elector.

-¿Puede funcionar el sistema de enmiendas en una constitución provincial?

-Eso es viable, pero yo no estoy de acuerdo con eso. La reforma constitucional tiene que ser algo difícil de conseguir, tiene que ser rígida la constitución tiene que tener mecanismos muy severos con mayorías muy agravadas para ser reformada porque de lo contrario se presta para abusos de los gobernantes de turno.

- ¿Y son operativas las constituciones que impiden la reelección?

-Si la Constitución lo prohíbe, se cumple. Es por lo menos cuando la constitución provincial no dice nada cuando permite la reelección indefinida.

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-¿Existen mecanismos válidos que puedan ser utilizados en lo que son los textos constitucionales y sobre todo en la aplicación a las provincias?

-No. El principio de inamovilidad de los jueces, es decir, que los jueces sean vitalicios, es un principio que está en la mayoría de las constituciones del mundo y hace a la independencia del Poder Judicial. En aquellos países donde en alguna ocasión se ha incluido una renovación periódica de los cargos judiciales, la experiencia ha sido negativa, porque la principal garantía de la independencia de los jueces es su carácter vitalicio. Así que ahí no apoyaría una reforma que establezca periodicidad en el mandato de los jueces. Los jueces tienen que ser vitalicios, tienen que tener intangibilidad de sus remuneraciones y tienen que tener un mecanismo de destitución implicado a través de un jurado de enjuiciamiento o de un juicio político. Lo que hay que cambiar es el mecanismo de designación de los jueces, no la renovación periódica. Lo que hay que hacer es un buen Consejo de la Magistratura que limite adecuadamente el poder de los gobernadores para que los gobernadores no pongan amigos en la justicia. Los Consejos de la Magistratura más eficaces son aquellos que tienen representación de los abogados, de los jueces, de la Legislatura y podría ser también del sector académico, para reducir lo más posible la influencia del gobernador en la designación de jueces.

-¿Los procesos reformistas deben ser encarados por la política o deben contar con una suerte de consenso o de respaldo previo de la sociedad?

La reforma siempre tiene que ser propuesta por la política. Los políticos son los que conducen a la sociedad. Luego tienen que democratizarla, es decir, difundirla, enseñarla, explicarla y buscar el apoyo de la gente. Hoy en día los políticos tienen una ayuda invalorable en las redes sociales, la computación, la informática para difundir, explicar y enseñar qué es lo que van a reformar en una eventual reforma constitucional. La fragmentación de la sociedad no me preocupa tanto, siempre y cuando todos participen de la reforma y la reforma sea por consenso. Todas las reformas constitucionales deben ser hechas por consenso. Yo siempre rescato lo que fue el Pacto de Olivos, a pesar de que algunos lo criticaron, porque reveló que el consenso es la mejor herramienta para reformar una Constitución. Las mayorías y las minorías deben acordar una reforma constitucional y se tiene que hacer por consenso.