Empresas constructoras de Tucumán intimaron al Banco Hipotecario, en su carácter de agente fiduciario del barrio Procrear II, a garantizar la disponibilidad de fondos para retomar las obras de viviendas en un plazo de 30 días, además de las deudas generadas desde la paralización de los trabajos.
El reclamo formal surgió como respuesta a una notificación remitida el 8 de agosto por la propia entidad financiera para comunicar la prórroga de la suspensión -por otros 90 días- del proyecto habitacional situado en la zona sur de San Miguel de Tucumán.
Se trata del “megabarrio” anunciado durante la gestión anterior y cuya ejecución quedó sin avances en los meses previos al cambio de gobierno.
El plan original, estipulado por la Nación, contempla la construcción de más de 3.100 viviendas, con tres tipologías distintas (incluyendo tres torres de 10 pisos cada una). Para ello, además, se plantearon obras de nexo de infraestructura y otras inversiones. En total, unas 20 empresas firmaron contratos para asumir estos trabajos, que quedaron con un avance cercano al 20%.
Semanas atrás, un móvil de LG Play recorrió el predio de 100 hectáreas junto a representantes de distintas constructoras, quienes plantearon su preocupación por los actos de vandalismo y los robos (de hierros y otros materiales) que se registran frecuentemente. Por ello, instaron a buscar alternativas para reiniciar las tareas de manera urgente.
En este escenario, firmas nucleadas en la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) fueron notificadas por el Banco Hipotecario respecto a que se mantendrá la suspensión de las obras por otros tres meses, con la conformidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
El argumento de la decisión, se explicó en el documento -al que tuvo acceso LA GACETA-, es que no variaron las circunstancias que habían dado lugar a la paralización del emprendimiento habitacional.
En ese sentido, se indicó que las contratistas deberán mantener “la vigilancia y custodia” del sector asignado, y que “este fiduciario abonará dichos gastos” conforme al acuerdo vigente.
El texto puso en alerta a las empresas, que resolvieron responder con una intimación para marcar que, desde su perspectiva, esta prórroga en la suspensión de las obras excede los plazos establecidos en el contrato.
Además, indicaron que para mostrar “nuestra voluntad colaborativa”, se otorgaba un margen de 30 días corridos al comitente para que “garantice la disponibilidad de fondos” que aseguren la ejecución de los trabajos “a valores reales de mercado”; el desembolso de los certificados adeudados con más sus intereses; y el pago efectivo de todos los gastos improductivos -como la vigilancia del predio-, además de “cualquier otro daño y perjuicio”. Por último, se solicitó que se remita copia de las actuaciones citadas por la entidad bancaria ante la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
Propuestas
En paralelo a las presentaciones y los intercambios de notas, la Cámara Tucumana de la Construcción, que preside Jorge Garber, lleva adelante gestiones en el ámbito político para tratar de buscar alternativas para el futuro del Procrear II.
Los empresarios formalizaron distintas propuestas ante el equipo del gobernador Osvaldo Jaldo para que se avance con un modelo de participación público-privada (PPP), esquema que ya se implementa en otros distritos del país (de hecho, en Jujuy se anunció la semana pasada una iniciativa similar) para tratar de superar la falta de financiamiento para obras.
Una de las ideas de la CTC es que el Gobierno de Tucumán tramite ante la Nación la “provincialización” de las 100 hectáreas del Procrear II, teniendo en cuenta que, según las pautas comunicadas desde la gestión libertaria, este proyecto habitacional no sería retomado en el corto plazo, dado que se encuentra con un avance muy inferior al mínimo del 80%.
Si este predio pasa a la órbita de la Provincia, los empresarios consideran que se podría aplicar la Ley de Activo por Activo, con lo cual las constructoras se harían cargo de la obra -se pasaría a un formato de créditos hipotecarios para la asignación de viviendas-, con el compromiso de edificar oficinas para reparticiones públicas que no cuentan con sede propia y que, por ello, se ven forzadas en la actualidad a alquilar una sede.