El Juzgado Federal N°1 de Tucumán, a cargo de José Manuel Díaz Vélez, dictó el pasado 7 de agosto el procesamiento con prisión preventiva del militar de inteligencia retirado Carlos Alberto Vega como partícipe necesario en la sustracción y la sustitución de la identidad de Marcos Eduardo Ramos, nieto recuperado N° 128, y por haber sustraído y haber hecho incierta la identidad de su hermano Elías Ismael Suleiman.
El juzgado sostuvo que quedó acreditado que luego del secuestro de su madre, Rosario del Carmen Ramos, Marcos Eduardo fue entregado a Víctor Lucio Sánchez (fallecido), conocido como “Pecho i’tabla”, quien se desempeñó como personal civil de inteligencia del Ejército y revistó en forma orgánica en el Destacamento de Inteligencia N° 142 del Ejército, con asiento en Tucumán.
De acuerdo con la investigación, el estado civil de Marcos Ramos fue alterado cuando fue inscripto el 17 de marzo de 1977 como hijo biológico de Sánchez y de su cónyuge Ilda Agustina Sánchez (también fallecida), con otro nombre y el apellido de la pareja apropiadora. Por su parte, Suleiman fue apropiado por una familia que lo maltrató, hasta que pudo escapar y localizar a su padre. La identidad de Ramos fue restituida en 2018 luego de una investigación conjunta entre la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, a cargo del fiscal general Pablo Parenti, y de la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán, coordinada por el fiscal federal Pablo Camuña.
Originalmente la Fiscalía Federal N°1, a cargo del fiscal Carlos Brito (con apoyo de la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán), había imputado a ocho personas, entre las que se encontraban integrantes del Destacamento 142 de Inteligencia y la apropiadora del joven, pero por razones de salud o por fallecimiento solo quedaron sometidos a proceso dos militares, el ex sargento Carlos Alberto Vega y el ex jefe de sección Fernando Torres.
El juez Díaz Vélez estableció que los hechos que perjudicaron a Ramos y Suleiman configuran delitos de lesa humanidad y ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Vega como presunto partícipe necesario del delito de sustracción de los hermanos, ambos menores de 10 años al momento de los hechos, de la alteración del estado civil de Marcos Ramos, y por haber hecho incierto el estado civil de Elías Suleiman. También declaró la falta de mérito de Torres, decisión que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal.
Desde la restitución de su identidad, y debido al extremo nivel de vulnerabilidad de Marcos, se diagramó e implementó un dispositivo en el cual participan representantes de reparticiones oficiales locales, de la sociedad civil local y nacional y de la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán, con la coordinación del secretario Patricio Rovira, para contribuir a su contención y en cumplimiento a la ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, que coloca a la víctima en un lugar relevante del proceso penal.
Para la Unidad de Derechos Humanos la resolución emitida por el juzgado federal permite avanzar con el esclarecimiento y el desentramado de la práctica de apropiación de niños y niñas y la sustitución de su identidad, que constituyó una de las aristas del plan sistemático de represión instaurado durante la época del terrorismo de Estado.